A muchos de nuestros ganaderos les quieren condenar a pena capital sin más indicio de culpa que el ser ganadero, y este es casi el único que no tiene nada que ganar y sí mucho que perder tras un fuego.
José Antonio Turrado. Secretario General de ASAJA Castilla y León
Hemos asistido, un verano más, a un largo capítulo de incendios que han diezmado la riqueza de nuestros bosques y de nuestro medio natural en su conjunto. Por no meter todo en el mismo saco, debemos de diferenciar lo que es un incendio en tierras agrícolas, normalmente causado de forma accidental por la maquinaria, de lo que es un incendio en montes y zona de pastoreo. Respecto al primero de los casos, el sector productor ya está poniendo todos los remedios posibles, y el daño medioambiental es mínimo o nulo si no se propaga a zonas boscosas que puedan estar en las proximidades de la masa agrícola. Los incendios más graves son los segundos, los que afectan a superficie catalogada como de monte, y que por lo general se prodigan en la parte más occidental de Castilla y León. Independientemente de que el sector agrícola y ganadero crea que el uso del fuego debería de ser una práctica agronómica permitida, de indudables beneficios si es bien gestionada, somos conscientes de que hay una normativa en vigor que prohíbe quemar rastrojos y pastos, y que nosotros aceptamos que tenemos que cumplir. Mientras no ganemos en los despachos ese derecho a gestionar el fuego como herramienta agronómica, acatamos las prohibiciones que nos impone la normativa medioambiental, y desde una organización responsable como la nuestra, no cabe otro consejo y recomendación a nuestros agricultores y ganaderos; por lo tanto, la administración nos tiene como aliados para apartar a los que queman el monte y para inculcar hábitos que eviten los incendios accidentales.
La ley establece una prohibición de cinco años para el aprovechamiento de los pastos una vez que se produce un incendio forestal. El legislador, dejado llevar por los prejuicios, ha querido así disuadir al ganadero para que no sea éste el que provoque intencionadamente el incendio, y que sea cuidadoso para que no se produzca por una negligencia en el desarrollo de la propia actividad agropecuaria. Así las cosas, ningún ganadero, contra sus intereses, provoca un incendio a sabiendas de que en esa finca o fincas no va a poder meter sus animales en el largo periodo de cinco años, ni utilizar dicha superficie para justificar el cobro de ayudas de la PAC.
El problema está en que el monte se quema, bien por un accidente o negligencia, o porque alguien, que no es el ganadero local, lo provoca intencionadamente. Y es a partir de esta situación cuando al ganadero local, que es el que crea riqueza y empleo en la zona, y cuida del entorno, se le echa literalmente de las tierras que venía utilizando, obligándole a emigrar, lo que le crea un serio problema económico que pone en riesgo su explotación y el sustento de su familia. Así las cosas, si en la Junta quieren poner orden a esto, tienen que empezar por acordarse de los damnificados y ayudarles, que es lo contrario de lo que están haciendo ahora. Porque el resto de actores sí sacan rédito de las llamas: la madera quemada se vende; las zonas quemadas se replantan de nuevo y se entresacan después; cuantas más amenazas de incendio más efectivos se contratan, de lo que se lucran empresas que se dedican a ello, y más empleo se genera, de lo que se benefician los que por vocación o por necesidad optan a ese tipo de trabajos. Pero habiendo tantos intereses implicados en esto de los fuegos, cuando toca buscar culpables, la lectura simplista e interesada apunta únicamente a los ganaderos y a los pirómanos. A muchos de nuestros ganaderos les quieren condenar a pena capital sin más indicio de culpa que el ser ganadero, y este es casi el único que no tiene nada que ganar y sí mucho que perder tras un fuego.
