Celedonio Sanz Gil. Especialista en temas Agroganaderos
La Política Agraria Común (PAC) vuelve a estar a tiro de reforma, la nueva normativa debe entrar en vigor en 2020, y de nuevo todos los agentes implicados se han puesto en marcha para exponer ideas o intenciones que, en la mayor parte de los casos, tendrán muy poco que ver con lo que al final se lleve a cabo. El detonante de este proceso ha sido la Comunicación, titulada “El futuro de la agricultura y de la Alimentación”, presentada por la Comisión Europea, que señala las primeras directrices para la nueva PAC, y que ya ha sido contestada por los agentes sociales, los partidos y los ministros de Agricultura de la Unión.
Este debate se ralentizará hasta la próxima primavera y se reactivará con la llegada del verano. Antes de junio de 2018 la Comisión debe concretar sus intenciones en una propuesta legislativa que presentará al Parlamento Europeo, de acuerdo con el nuevo Marco Financiero Plurianual que el Ejecutivo comunitario debe presentar en mayo de 2018. Para esta programación presupuestaria de la UE es fundamental el desarrollo de la PAC que se lleva cerca de 59.000 millones de euros y supone el 38 por ciento del presupuesto comunitario.
A pesar de ello, la reforma de la PAC volverá a pasar inadvertida en los grandes debates políticos de España y de la misma UE, será una nota al margen en los programas electores y nada más.
«Cuando todos piden simplificar, la Comisión quiere crear un organismo más, para colocar a más funcionarios o más amigos»
Más simple
La comunicación presentada por la Comisión realiza un análisis certero de la actual situación del sector agrario, basándose en las más de 320.000 respuestas de la consulta realizada el pasado mes de febrero entre agricultores, ganaderos y otras partes interesadas en el desarrollo de la PAC. Las conclusiones de esa macroencuesta abogan por mantener una PAC “fuerte” pero también “más simple”, con “retos concretos para asegurar un nivel de vida justo para los agricultores, preservando el medio ambiente y luchando contra el cambio climático”. El problema llega al concretar esas intenciones en medidas efectivas. El análisis pone de manifiesto que la PAC no ha logrado frenar el abandono de la actividad agraria ni el despoblamiento del medio rural y que, ahora, conseguido el abastecimiento alimentario de la población, es esencial ponerla al servicio de la lucha por la preservación de la naturaleza y la mejora del medio ambiente.
La Comisión no plantea una reforma radical, algo que sería lógico ante la asunción de estos fracasos. Aboga por introducir cambios de menor calado y mantener los dos pilares actuales. Por un lado las ayudas directas y por otro los pagos ligados a la protección del medio ambiente, la agricultura sostenible y la implantación de nuevas tecnologías, el “greening” al que cada vez se prestará mayor atención.
Avanza dos “ideas” de actuación que van a marcar el debate agrario en los próximos meses.
Respecto a los pagos, insiste en que se deben explorar “nuevas maneras” para conseguir un reparto “más efectivo, y un apoyo más justo a los agricultores” y cuestiona que, según el reparto de 2015, sólo el 20 por ciento de los beneficiarios recibiera el 80 por ciento de los pagos directos.
Por ello, plantea un “techo máximo obligatorio de pagos directos”. Obligatorio y no voluntario para cada país como hasta ahora. En España está en 150.000 euros y a partir de ahí se realizan descuentos. No refiere cifras concretas pero en los mentideros comunitarios se ha filtrado que estaría entre 60.000 y 100.000 euros por explotación. Además, introduce la posibilidad de establecer pagos “decrecientes” para reducir el apoyo a las explotaciones de mayor tamaño y, a la vez, bonificaciones por el empleo generado “para evitar efectos negativos en el mercado de trabajo”.
Esta medida no parece haber suscitado mucho debate y será una de las pocas que se pongan en marcha. Por supuesto, el techo estará más cerca de los 100.000 euros que de los 60.000. El problema es que una vez más se pasará de puntillas por la consideración de agricultor profesional, el que de verdad vive y trabaja en el campo, que es lo que debería marcar la recepción de las ayudas.
«La renacionalización supondría un agravio comparativo ya existente entre los países ricos, que otorgan mayores pagos, y los que tienen menos posibilidades presupuestarias, los del Sur y del Este de Europa»
No renacionalización
La segunda “idea” planteada por las huestes comunitarias va ligada a ese cumplimiento de objetivos de reducción de emisiones, asentamiento de la población rural o apoyo a jóvenes agricultores. Objetivos que la Comisión plantea que debe fijar la UE y serán “obligatorios”. Para cumplirlos cada Estado tendrá que elaborar un Plan Estratégico que deberá ser aprobado por la Comisión Europea. Adelantándose a las críticas de que esto supondría una renacionalización del sistema, atentando contra el adjetivo Común, insisten en que responde a esa mayor flexibilidad que intentan implantar, dando “mayor libertad a los países y regiones” para que, adecuándose a sus peculiaridades, logren los objetivos comunes.
La mayor parte de los ministros de la UE se han pronunciado ya en contra de cualquier medida que pueda llevar a la renacionalización o a la cofinanciación de la PAC, porque aumentaría el agravio comparativo ya existente entre los países ricos, que otorgan mayores pagos, y los que tienen menos posibilidades presupuestarias, los del Sur y del Este de Europa, donde precisamente el sector agrario tiene mayor importancia. Esta propuesta tendrá que ser muy matizada y lo más previsible es que tenga poco recorrido.
Como última novedad, ante las críticas de que la PAC no sirve para afrontar las cada vez más frecuentes crisis que atraviesa el sector, la Comisión propone la creación de una Plataforma Europea de Gestión de Riesgos, que tendría como objetivo ayudar a los productores ante situaciones de catástrofe natural, como la sequía que ahora atraviesa España o las inundaciones en el Centro y Este de Europa del invierno pasado, o los problemas de volatilidad de los mercados que se producen por noticias sobre sanidad animal o vetos internacionales en un momento determinado.
Es muy curioso, cuando desde todos los ámbitos del sector agrario se pide simplificar, quitar burocracia y una respuesta rápida, la Comisión quiere crear un organismo más, una comisión más, para colocar a más funcionarios o más amigos, como si no hubiera ya suficientes.
En definitiva, la PAC no cambiará de carril. Tendrá un nuevo lavado de cara y las ayudas, los pagos directos a los productores, se mantendrán como una especie de seguro constante, por derechos históricos, que se pueden descontar por anticipado, pero que están muy lejos de suponer una garantía de rentas para agricultores y ganaderos, los profesionales del campo, que seguirán camino de la desaparición. Los nuevos desafíos de la agricultura del siglo XXI exigen planteamientos más innovadores y ambiciosos que nadie parece dispuesto a asumir. Con ello, la PAC sigue su lento tránsito hacia la irrelevancia política en la UE, a pesar de su peso económico, que también se rebaja en cada reforma.
