TRANSGÉNICOS: IMPORTARLOS SÍ, PRODUCIRLOS NO.  

La Unión Europea, como ocurre con los países, legisla muchas veces de forma errática, dando tumbos, de cara a la galería y a los dictados de las corrientes de opinión del momento. La postura de no autorizar los cultivos transgénicos únicamente se justifica desde el interés político y no se sustenta en razonamientos científicos, ni tan siquiera en la prevalencia del principio de prudencia. Esta Europa que va contracorriente en decisiones que ya han tomado los principales productores agrícolas mundiales, es la misma que defiende la globalización de los mercados y que es absolutamente permisiva a la entrada de mercancías por nuestras fronteras sin exigir los parámetros de calidad y garantías de salubridad que se exigen a los productos del mercado interior. La Comisión ha presentado una propuesta de nuevo marco legislativo para aprobar organismos modificados genéticamente que, una vez autorizados por Bruselas, deja en manos de cada país la potestad de permitir o no su cultivo. Medida de auténtica esquizofrenia ya que a renglón seguido se deja claro que el limitar la producción no puede significar limitar el comercio, es decir, que no se pueden poner trabas para que los productos cultivados bajo esa tecnología, entren de otros países de la Unión o del mercado internacional.  

La base de la alimentación mundial son los cereales y los cultivos ricos en proteína como la soja, la colza y el girasol. A su vez, estas materias primas las consumen todos los animales de abasto con los que se surten las carnicerías del mundo desarrollado. Y si la mayoría del maíz, la colza y la soja que se cultiva en el mundo es ya transgénica, todos los consumidores, también los españoles, estamos familiarizados con el consumo de alimentos producidos bajo esta tecnología. Esta es una realidad incontestable, por lo que si las cosas son así, o prohibimos el cultivo interior y cerramos las fronteras, o nos ponemos de acuerdo en los foros internacionales y autorizamos con carácter global los avances tecnológicos. La legislación actual de  la Unión Europea en esta materia no protege más al consumidor -ya que el consumidor español tiene más garantías si lo que consume se ha producido aquí-, y sin embargo perjudica al agricultor que tiene que competir en los mercados internacionales teniendo en su mano menos herramientas para producir más y a menor coste.  

*Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicado en La Crónica de León del viernes 16 de julio de 2010.