ASAJA Burgos quiere mostrar su más absoluto rechazo a la última Resolución emitida por la Consejería de Medio Ambiente y Energía en la que se declara riego alto de incendios entre los días 28 y 31 de julio (ambos inclusive), y en la cual se prohíbe trabajos de cosecha o empacado entre las 12’00 y las 20’00 horas.
Siendo conscientes de la necesidad de extremar las precauciones ante las situaciones de elevado riesgo, son los propios agricultores los interesados en proteger sus explotaciones, sin que la prevención pueda traducirse en prohibiciones generales para toda la Comunidad Autónoma sin atender a las circunstancias particulares de cada territorio (provincias, comarcas, altitudes, cultivos o condiciones concretas de temperatura, viento o humedad) tal y como expuso esta organización agraria en el último Consejo Agrario Provincial. Además no se trata de una limitación puntual (parcelas agrícolas situadas a menos de 400 metros de masa forestal), ya que cualquier terreno con un árbol o con matorral es considerado forestal.
ASAJA quiere así mismo denunciar la falta de antelación en la toma de decisión de esta medida, ya que las previsiones meteorológicas apuntaban esta situación desde hace días, lo que impide a los profesionales del campo reorganizar su trabajo (maquinaria, transporte, trabajadores, etc). Además hay que tener en cuenta que la cosecha no puede aplazarse indefinidamente, ya que el retaso puede provocar pérdidas de grano, deterioro de la calidad, sobresecado, etc.
Entendemos que la decisión se toma debido a la complicada situación de España en torno a los incendios forestales, que ha obligado a desplazar gran cantidad de los medios operativos de extinción disponibles hasta allí, sin que durante el resto del año se realicen las labores necesarias para que no ocurran estos siniestros, volviendo a opinar que los incendios se apagan en invierno.
ASAJA-Burgos duda de que esta medida sea legal y además de llamar la prudencia de los agricultores en estos días, también les aconsejamos que reúnan pruebas para la reclamación de daños patrimoniales ante la administración.
