La organización agraria ASAJA critica con dureza a la consejería de Agricultura y Ganadería por haber excluido a buena parte de las sociedades distintas de las cooperativas y SAT (sociedades agrarias de transformación), de las ayudas de bonificación de interés de préstamos para paliar las consecuencias de los efectos de la sequía y heladas en la pasada campaña agrícola, reguladas por la Orden AYG\/546\/2017 de 29 de junio.<\/h2>\n
ASAJA considera que esta decisión de perjudicar a las entidades mercantiles, nunca antes tomada ni por la consejería de Agricultura ni por otras consejerías de la Junta, es un duro golpe al asociacionismo que además se produce sin motivación alguna ni soporte legal, e incluso contradice en este punto a la Orden nacional que regula la concesión de avales de SAECA y que sirvió de base a estos préstamos. ASAJA, que apoya la unión del sector también en la fase de producción, considera que los poderes públicos no pueden discriminar en función de la forma jurídica de las empresas, pues lo único que ha de pedir es que todas se ajusten a la ley y cumplan con sus obligaciones. Los agricultores han de tener libertad para elegir la forma jurídica que mejor se ajuste a sus necesidades, que puede ser una figura cooperativa, una sociedad civil o una sociedad limitada. Una parte importante de las explotaciones agrarias y especialmente ganaderas de Castilla y León son sociedades mercantiles, y suelen ser de las que están mejor dimensionadas y en las que se han incorporado jóvenes en los últimos años.<\/p>\n
ASAJA hace un llamamiento a la consejería de Agricultura para que retome esta cuestión y reconduzca los expedientes de las sociedades mercantiles (bien sociedades limitadas, bien sociedades anónimas), cuya actividad principal sea la agropecuaria, para que puedan beneficiarse de los préstamos de la sequía y heladas, haciendo una interpretación flexible de la Orden, o rectificando el contenido de la misma.<\/p>\n
Las ayudas a los préstamos de la sequía han sido un clamoroso fracaso del departamento que dirige Milagros Marcos. A las innumerables trabas que ha puesto la empresa pública avalista, SAECA, se han sumado las restricciones de la propia normativa de la consejería de Agricultura para el reconocimiento a la bonificación de los interés, y la consecuencia de todo ello es que los peticionarios han sido uno de cada cuatro agricultores profesionales, y de estos se le ha denegado a un treinta por ciento. Cuando se conozcan los datos definitivos, el número de beneficiarios será de unos 10.000, lo que representa menos de la cuarta parte de los agricultores y ganaderos de los que en principio recibirían los préstamos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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