Los ponentes, entre los que estar\u00e1 ASAJA, tendr\u00e1n ocasi\u00f3n de expresar sus opiniones sobre el proyecto normativo para modificar la Ley 12\/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.<\/p>\n
Fue aprobado el pasado noviembre por el Gobierno para adaptar la ley existente, aprobada inicialmente en 2013, a la directiva europea que ampl\u00eda las medidas contra las pr\u00e1cticas comerciales desleales.<\/p>\n
Era la tercera vez en 2020 que el Consejo de Ministros examinaba la ley de la cadena alimentaria, despu\u00e9s de que en febrero realizara un primer ajuste en reacci\u00f3n a las movilizaciones de agricultores y ganaderos.<\/p>\n
Precisamente a finales de enero se cumple\u00a0un a\u00f1o del inicio de esas protestas,\u00a0que se prolongaron durante m\u00e1s de un mes bajo el lema \u201cAgricultores al l\u00edmite\u201d, hasta que fueron suspendidas como consecuencia de la irrupci\u00f3n de la pandemia.<\/p>\n
Los productores dejaron entonces de lado las tractoradas y se centraron en el abastecimiento de alimentos durante el estado de alarma y los meses posteriores marcados por la crisis sanitaria, ejerciendo as\u00ed una actividad reconocida como \u201cesencial\u201d.<\/p>\n
A d\u00eda de hoy los agricultores siguen reclamando \u201cprecios justos\u201d en el campo y piden m\u00e1s medidas, aparte de que se cumpla la reforma inicial de la ley, que tuvo como principal novedad la\u00a0prohibici\u00f3n de la venta a p\u00e9rdidas,\u00a0esto es, por debajo de los costes de producci\u00f3n.<\/p>\n
En junio pasado, en el pleno del Congreso, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci\u00f3n, Luis Planas, defendi\u00f3 la \u201cobligaci\u00f3n legal\u201d de tomar los costes de producci\u00f3n como base para la negociaci\u00f3n de los contratos escritos en el sector agroalimentario.<\/p>\n
Sin embargo, la norma ha despertado\u00a0dudas sobre algunos aspectos\u00a0de su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y los grupos parlamentarios esperan incluir nuevas enmiendas en la tramitaci\u00f3n de este \u00faltimo proyecto para mejorar la posici\u00f3n de los agricultores en el mercado.<\/p>\n
La adaptaci\u00f3n a la directiva de 2019 sobre pr\u00e1cticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agr\u00edcola y alimentario\u00a0deber\u00e1 entrar en vigor a finales de 2021\u00a0para cumplir con los plazos establecidos en la regulaci\u00f3n comunitaria.<\/p>\n
Supone la ampliaci\u00f3n de las pr\u00e1cticas prohibidas que forman parte de una \u201clista negra\u201d y la extensi\u00f3n de los supuestos en los que los contratos ser\u00e1n obligatorios.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se ampl\u00edan los productos cubiertos por la ley, incluidos los alimentos transformados, y se da cobertura en toda la Uni\u00f3n Europea a cualquier transacci\u00f3n de los operadores de la cadena que se haya producido en parte en Espa\u00f1a.<\/p>\n
A juicio de Planas, y como recoge efeagro.com, la reforma pretende lograr una mayor transparencia en el funcionamiento de los precios, un equilibrio entre todos los eslabones de la cadena y proteger \u201cal m\u00e1s d\u00e9bil\u201d, en alusi\u00f3n al agricultor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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