ASAJA de Castilla y Le\u00f3n ha valorado que, por fin, tras a\u00f1os de reclamaciones, el Gobierno ponga medios para que se endurezca la pena por hurtos a explotaciones agr\u00edcolas y ganaderas y se frene la reincidencia. As\u00ed lo recoge la Ley Org\u00e1nica 1\/2026, de 8 de abril, en vigor desde el pasado viernes, que modifica el tratamiento que hasta ahora se daba a estos delitos en el C\u00f3digo Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que introduce cambios aplicables a la realidad del campo de Castilla y Le\u00f3n, que viene sufriendo a\u00f1o tras a\u00f1o las consecuencias de la delincuencia reiterada sobre las explotaciones agrarias y ganaderas.<\/p>\n
El cambio principal para el sector agropecuario de Castilla y Le\u00f3n es la reforma del art\u00edculo 235.1.4 del C\u00f3digo Penal. Hasta ahora, para aplicar el tipo agravado de hurto en explotaciones agr\u00edcolas o ganaderas era necesario acreditar la \u201cgravedad del perjuicio\u201d, un requisito de interpretaci\u00f3n subjetiva que generaba litigios innecesarios y dificultaba la condena efectiva de los responsables. A partir de ahora, cualquier robo en una explotaci\u00f3n agr\u00edcola o ganadera que supere los 400 euros ser\u00e1 autom\u00e1ticamente delito agravado, con penas de hasta 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Ya no ser\u00e1 necesario demostrar cu\u00e1nto da\u00f1o adicional caus\u00f3 el sustractor.<\/p>\n
Para ASAJA Castilla y Le\u00f3n, esta modificaci\u00f3n responde a una reivindicaci\u00f3n hist\u00f3rica del sector. Los robos de productos agr\u00edcolas, herramientas, maquinaria, gas\u00f3leo o instalaciones de riego ten\u00edan con frecuencia un escaso valor de reventa, pero un elevad\u00edsimo coste de reposici\u00f3n, y una incidencia directa en el normal desarrollo de las tareas de la explotaci\u00f3n.<\/p>\n
La reforma introduce tambi\u00e9n una modificaci\u00f3n importante en el art\u00edculo 234.2 del C\u00f3digo Penal. Hasta ahora, los hurtos de menor cuant\u00eda (inferiores a 400 euros) eran castigados exclusivamente con multa, incluso en casos de reiteraci\u00f3n delictiva probada. Adem\u00e1s, los antecedentes penales por delitos leves no computaban para apreciar la agravante de reincidencia. Con la nueva ley, si el autor de un hurto \u2014aunque sea de cuant\u00eda inferior a 400 euros\u2014 ha sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos de la misma naturaleza (siendo al menos uno de ellos leve), la pena dejar\u00e1 de ser una multa y pasar\u00e1 a ser pena de prisi\u00f3n de seis meses a dos a\u00f1os. Los antecedentes por delitos leves ahora s\u00ed computar\u00e1n a estos efectos.<\/p>\n
Esta era una petici\u00f3n constante del sector, planteada repetidamente por ASAJA en las reuniones de seguimiento del equipo ROCA. Las bandas organizadas y delincuentes habituales que han venido actuando en el medio rural han tenido plena conciencia de que las consecuencias jur\u00eddicas eran m\u00ednimas, con lo que han hecho de ello su medio de vida. El castigo a la reincidencia, junto al cerco a las redes de recaptaci\u00f3n de lo robado, con controles sobre la venta de chatarra y material de segunda mano, son esenciales para que los profesionales del campo puedan trabajar y proteger su patrimonio.<\/p>\n
La norma incorpora tambi\u00e9n, de forma breve pero significativa, medidas que afectan al medio rural en el \u00e1mbito del narcotr\u00e1fico. El nuevo apartado 3 del art\u00edculo 255 del C\u00f3digo Penal penaliza espec\u00edficamente el fraude en el suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica cuando se realiza con la finalidad de abastecer plantaciones de drogas, con penas de prisi\u00f3n de seis a dieciocho meses.<\/p>\n
Para ASAJA Castilla y Le\u00f3n, esta medida contribuye a proteger la integridad del suelo rural y de las explotaciones leg\u00edtimas, que en ocasiones se ven afectadas por la instalaci\u00f3n clandestina de este tipo de actividades en terrenos agr\u00edcolas o en zonas rurales pr\u00f3ximas.
Tambi\u00e9n hay que destacar que la norma introduce un nuevo apartado 3 en el art\u00edculo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que reconoce a las entidades locales legitimaci\u00f3n para ejercer la acci\u00f3n penal en los delitos de hurto. Esta medida tiene una incidencia especialmente relevante en el \u00e1mbito rural, donde los municipios -y una comunidad tan extensa como Castilla y Le\u00f3n suma m\u00e1s de 2.200- son la primera administraci\u00f3n que sufre las consecuencias de la delincuencia reiterada.<\/p>\n
Pese a los avances que incorpora la Ley Org\u00e1nica 1\/2026, ASAJA recuerda que la ley por s\u00ed sola no es suficiente. La aplicaci\u00f3n efectiva de esta reforma exige medios judiciales adecuados, una coordinaci\u00f3n \u00e1gil entre Guardia Civil y \u00f3rganos judiciales, y una respuesta policial reforzada en el \u00e1mbito rural. La organizaci\u00f3n profesional agraria continuar\u00e1 exigiendo a las instituciones competentes que doten a los cuerpos de seguridad del Estado de los recursos necesarios para que esta reforma no quede en papel mojado.<\/p>\n
Por \u00faltimo, ASAJA advierte que las estad\u00edsticas oficiales no recogen la realidad, porque faltan hurtos no denunciados por los agricultores y ganaderos, bien sea por evitar los engorros que implica la reclamaci\u00f3n, bien porque no tienen confianza en que se recupere lo sustra\u00eddo. En todo caso, ASAJA aconseja a todos los agricultores y ganaderos que denuncien estos hurtos, porque es la \u00fanica forma de dejar constancia de lo que ocurre y de que entre todos logremos mejorar la protecci\u00f3n del campo y del medio rural.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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