Para esta organización, el desmantelamiento de estas industrias alimentarias es una pésima noticia para los empleados, pero también para consumidores, agricultores y ganaderos de Castilla y León

Según esta opa, la administración central y regional debería buscar soluciones para evitar el cierre de una fábrica de un sector estratégico como el alimentario, e implicarse tanto como lo hace con el rescate de otras industrias ubicadas en centros urbanos

ASAJA Valladolid pide una actuación rápida y urgente del Gobierno Central y la Administración Regional para evitar el cierre de industrias agroalimentarias como la de Siro en Venta de Baños (Palencia).

Para ASAJA Valladolid, en un contexto donde la producción de alimentos debe ser primordial y estratégica por encima de todo, observamos una nula implicación del gobierno central y el regional para salvar el empleo y la actividad de una fábrica emblemática situada en el Medio Rural. Frente a rescates de bancos o de otras industrias situadas en las ciudades con menos peso específico en el PIB, no se hace nada para mediar e intentar garantizar la viabilidad de los tres centros que tiene esta empresa en Castilla y León.

Esta organización tilda de “pésima noticia” este cierre que abocará a más de 197 empleados al paro en una situación económica muy difícil y que dejará a los agricultores con un operador menos donde llevar sus producciones.

El empleo y la actividad económica son motores esenciales para que los pueblos no se queden vacíos, por lo que dejar cerrar este centro, es contribuir desde las Administraciones a la despoblación de esta tierra.

La Administración central y regional no tiene culpa de la gestión de los anteriores dueños, pero si una responsabilidad por velar por la no dependencia del exterior a la hora de producir unos alimentos de calidad y asequibles para el consumidor. Más si cabe, si estos proceden de nuestros agricultores que tanto han invertido para garantizar un producto de excelentes cualidades y calidad.

ASAJA Valladolid pide un mayor control no solo en la tramitación de las ayudas, sino también una vigilancia de qué se hace con el dinero público que se destina a las empresas. Hay que controlar que se use para los medios que se solicitó y si no se realiza para tales fines que redunde de nuevo en los bolsillos de todos los españoles.