La nueva subida del salario mínimo interprofesional, quinta consecutiva que aplica el Gobierno de España sin consensuarla con los emprendedores, asfixia al sector agrario, que no soporta más aumentos en sus costes de producción. El SMI se ha incrementado el 80 % desde 2016. ASAJA ha reclamado reiteradamente bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para amortiguar los efectos de esta subida.

ASAJA denuncia que la nueva subida del SMI supone un golpe insostenible para el sector agrario, que ya afronta una crisis estructural debido a los elevados costes de producción, incluidos los crecientes gastos salariales y sociales, que se suman a una falta de mano de obra dispuesta a trabajar en el sector agroganadero, cuyas peculiaridades laborales y productivas son evidentes, por más que el Ejecutivo y los diversos ministerios con competencias se empeñen en no percibirlo así.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, considera que cualquier nueva subida del salario mínimo es inasumible en el campo, porque desde 2016 el incremento ha sido del 80 %, lo que está llevando al límite a muchas explotaciones.

El incremento aprobado recientemente eleva el salario mínimo neto a 1184 euros por catorce pagas. Pero el coste real mensual para el empresario agrícola será de 1925 euros por trabajador. De este importe, el trabajador verá descontados 720 euros por cotizaciones y retenciones del IRPF, un aspecto que el Gobierno no aclara, y que afecta directamente a los asalariados del campo.

ASAJA ha solicitado reiteradamente sin éxito que se aprueben bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para amortiguar esta subida, que viene a incrementar la presión para un sector agroganadero ya atenazado por otros tres factores:

  • Unos costes de producción disparados en los últimos años (electricidad, combustibles, fertilizantes, semillas…)
  • Una reforma laboral rígida, que ignora la necesaria flexibilidad para la contratación en las campañas agrícolas
  • El déficit de mano de obra, que se verá acentuado por la reducción de la jornada laboral al equivalente a 37,5 horas semanales.

Nos enfrentamos a una tormenta perfecta: más costes, más rigidez y menos trabajadores. Si no se toman medidas, muchas explotaciones desaparecerán, según ha alertado Pedro Barato.

Por todo ello, desde Asaja se pide un periodo transitorio amplio para la aplicación de la medida en el sector agrario; así como bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para aliviar el impacto en las explotaciones, y una flexibilización en la contratación de temporeros para evitar la pérdida de campañas clave para el sector agroganadero./