ASAJA celebra que la Comisión Europea haya aprobado, durante la última reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) sobre legislación fitofarmacéutica, la ampliación del plazo para la obligatoriedad del cuaderno de explotación digital para los fitosanitarios. Esta medida, que se incorporará mediante la modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, permite a los Estados miembros posponer la obligación del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2027. Nuestra organización exige al Gobierno de España que incorpore de inmediato este aplazamiento y que negocie en Bruselas un aplazamiento indefinido hasta que pueda garantizarse una transición adecuada para aplicarse en el medio rural.

Esta decisión, confirmada verbalmente por la Comisión al COPA-COGEGA (comités que engloban a las organizaciones profesionales y las cooperativas agroganaderas del espacio comunitario), supone una gran noticia para el sector agrario europeo y, en particular, para el español.

ASAJA subraya que este avance ha sido posible gracias al intenso trabajo de representación y presión desde el COPA-COGECA, donde ASAJA ejerce la vicepresidencia del grupo de trabajo de sanidad vegetal a través de Miguel Minguet.

Hace tan sólo seis meses, la Comisión Europea consideraba poco factible aprobar un retraso de un año en la entrada en vigor de esta obligación.

Sin embargo, la presión conjunta de COPA-COGECA y ASAJA ha conseguido revertir esta postura, logrando que se introduzca una cláusula de flexibilidad que proporciona seguridad jurídica y margen de adaptación a los agricultores profesionales de toda la Unión Europea.

Tras este resultado en el SCoPAFF, ASAJA exige al Gobierno de España que adopte formalmente esta prórroga y se acoja a la posibilidad de retrasar la obligación hasta 2027. No obstante, la organización reclama un aplazamiento indefinido de la medida hasta que existan garantías reales de transición, con condiciones adecuadas para su aplicación en el medio rural.

SIN CONDICIONES PARA UNA MAYOR CARGA ADMINISTRATIVA. ASAJA advierte de que, a día de hoy, no todos los agricultores disponen de conexión a internet suficiente, especialmente en zonas rurales con brecha digital, ni cuentan con el asesoramiento ni la formación necesarios, especialmente entre los agricultores de mayor edad. Además, la organización recuerda que esta obligación no puede suponer una carga administrativa adicional para los productores.

Desde ASAJA indicamos que este es un paso muy importante para reducir la incertidumbre del sector sobre este asunto e igualmente debe ir seguido de un desarrollo práctico del contenido de la reglamentación europea, que en el caso español se ha planteado con una carga administrativa compleja e inasumible para las explotaciones (tipo de formato electrónico, plazos de comunicación de datos, etcétera), que se debe evitar en su futura aplicación.

Por último, ASAJA insta a las comunidades autónomas y a sus consejerías de Agricultura a presionar al Gobierno central para que haga oír la voz del campo español y defienda esta posición a nivel comunitario./