Ayer tuvo lugar la Asamblea General de ASAJA-Palencia en las aulas de formación de que la asociación dispone en la plaza de Bigar Centro de Palencia. Una asamblea que este año desgraciadamente ha vuelto a estar marcada por la pandemia y donde se han cumplido todas las normas de seguridad establecidas.

En la reunión se ha aprobado el ejercicio económico de ASAJA y el presupuesto para el año 2021 y, a continuación, el presidente de ASAJA-Palencia, Honorato Meneses, ha presentado su informe incidiendo en que la PAC que se está planteando no sólo no busca que se produzcan los necesarios alimentos que precisa la UE sino que vulnera el derecho a producir de los agricultores profesionales, que además están penalizados frente a los que no lo son según los textos legislativos que se están manejando. En palabras del presidente, «lo que habrá que buscar es perder lo menos posible». Además hizo una llamada a la participación en las movilizaciones que se convoquen en Madrid para mostrar la queja del sector al Plan Estratégico nacional que ha elaborado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su negociación con las Comunidades Autónomas.

Foto de archivo.

En la Asamblea General se contó con la presencia del presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo, el cual también se dirigió al auditorio para advertir de los altos costes que iban a soportar los agricultores en la sementera tras la buena cosecha en producción y precio de esta campaña. También trasladó el mal estado del sector ganadero, que «trabaja todos los días del año y además ahora lo hace para arruinarse», debido al bajo precio que se les paga por su producción. También incidió en lo injusta que es la Ley de Montes de Castilla y León, que «trata al ganadero como un delincuente cuando los incendios los producen otros», en lo injusto que es el Plan Hidrológico del Duero que se está planteando y en la traición llevada a cabo por el Gobierno de España prohibiendo la gestión del lobo como se conoce actualmente sin ningún tipo de análisis científico, sin hacer estudios del impacto en la ganadería y sin ningún tipo de consenso con las Comunidades Autónomas afectadas.