Los principales medios de comunicación europeos han publicado los puntos más destacados de la propuesta de la ponente de la Comisión ENVI (Medio Ambiente) del Parlamento Europeo para la legislación de la UE sobre el Reglamento relativo al uso sostenible de los plaguicidas (SUR, por sus siglas en inglés). La propuesta tendrá como objetivo, entre otros, reducir en más de un 80% el uso de los «productos fitosanitarios más peligrosos», sobre la base del uso registrado en el periodo 2018-2020. Esto situaría la propuesta de la ComEnvi muy por encima de la propuesta de la Comisión «De la granja a la mesa» de reducción en un 50%, sobre la base del uso registrado en el periodo 2015-2017.

A título de recordatorio, el Copa y la Cogeca recalcan que la evaluación del riesgo de las sustancias activas de las que se componen los productos fitosanitarios debe contar con una base científica y ser transparente, incluso en el caso de las más peligrosas. A la luz de las pruebas disponibles, el objetivo que se propone no se basa en ninguna evaluación de impacto, ni proporciona ningún detalle agronómico sobre el enfoque empleado. Si ya de por sí no había pruebas de índole científica o técnica que respaldaran el objetivo de reducción del 50%, nos resulta cuesta mucho entender cómo puede llegar a justificarse un objetivo de reducción del 80%, y aún más imaginar qué impacto tendrá en los ámbitos intra y extracomunitario. Por otra parte, con este proyecto de propuesta se sobrecarga a los Estados miembros y a los agricultores con un sinfín de obligaciones y restricciones legales que resultan lisa y llanamente imposibles de manejar.

Nos quedamos con la sensación de que este planteamiento sigue estando completamente desconectado de la realidad que viven los agricultores, sin tener en cuenta todo lo que ya se ha alcanzado hacer en el pasado en cuanto a la aplicación de prácticas de Gestión Integrada de Plagas y va incluso más allá ya que deja de lado la idea de buscar soluciones técnicas o alternativas. Y sin embargo, entretanto, a la ponente le parece que el pedir una evaluación de impacto para comprender las verdaderas consecuencias de efectuar cambios tan radicales entorpecería el proceso.

No olvidemos de que todos los estudios realizados en el marco de la Estrategia «De la granja a la mesa», basados en el enfoque del objetivo del 50% de la Comisión, apuntan en la misma dirección, es decir, a una reducción significativa de la producción, costes adicionales para los consumidores más allá de la inflación que se sufre hoy por hoy en algunos países, y un efecto descomunal de fuga de carbono hacia terceros países que producirán una parte sustancial de nuestros alimentos el día de mañana.

Cabe recordar que, en toda Europa, los agricultores y las cooperativas están comprometidos desde hace ya una década a reducir los insumos y a utilizar soluciones alternativas a los productos fitosanitarios sintéticos. Sin embargo, necesitamos tiempo, nuevas herramientas y apoyo financiero y político para continuar por esta senda. Nos adherimos al objetivo general de reducir los insumos, tal y como se presenta en la Comunicación sobre el Pacto Verde y en la Estrategia «De la granja a la mesa», pero advertimos de que emplear un enfoque político simplista que se base únicamente en objetivos constituye la solución más perjudicial y menos eficaz para la agricultura de la UE.