El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha restablecido desde este jueves 8 de junio el movimiento del ganado bovino en Castilla y León, mediante una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno de España deja así sin efecto la resolución adoptada el pasado 26 de mayo por el ministro Luis Planas que restringía el movimiento animal en nuestra comunidad, reacción contra la flexibilización que impulsó hace un mes la Junta de Castilla y León, una medida que esta semana ha suspendido de manera cautelar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El mandato ministerial del pasado 29 de mayo limitaba el movimiento de animales desde Castilla y León a otras comunidades autónomas y a las tres provincias de la región declaradas libres de tuberculosis bovina (Burgos, León y Valladolid), como medida frente a la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta para flexibilizar esos movimientos.

Según el departamento que dirige Planas, la decisión de la administración autonómica «se oponían a la legislación de la Unión Europea y nacional en lo referente a los requisitos para el mantenimiento, suspensión, restablecimiento y retirada del estatus de libre de infección por el complejo de la tuberculosis bovina».

Además, la Abogacía del Estado interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Castilla y León contra la citada resolución regional, ahora suspendida de manera cautelar, que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural no descarta reactivar en un futuro, según ha manifestado esta semana su titular, Gerardo Dueñas.

ASAJA-Castilla y León, que reclamó la inmediata convocatoria de un Consejo Agrario monográfico a raíz de este enfrentamiento institucional, lamenta que  el asunto de la sanidad animal se esté cargando de ideología y que, a las grandes complicaciones administrativas que ya conlleva para los ganaderos, se haya sumado ahora una guerra política que, caso de prolongarse, seguirá perjudicando a los profesionales del sector, lo que nuestra organización no va a consentir de ningún modo. 

Por su parte, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, que ha reclamado la dimisión del consejero de Agricultura y de todos «los responsables políticos» de la resolución ahora en suspenso, ha cifrado en 3,8 millones de euros el impacto económico negativo en el sector en la comunidad. /