ASAJA califica de totalmente insuficiente el montante de ayudas anunciado este martes 20 de junio por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el Consejo Agrario de Castilla y León, a la vez que denuncia que excluye a buena parte de las explotaciones más perjudicadas por la sequía. La cantidad prevista por la Junta para apoyar al sector agrario y ganadero de la comunidad autónoma ronda los cien millones de euros. La cifra queda muy lejos del mínimo de doscientos millones que reclamaba el sector para que, junto a las ayudas del Ministerio y de Europa, aporte al menos oxígeno a un campo devastado, que acumula pérdidas por valor de cerca de dos mil millones de euros. El Boletín Oficial de Castilla y León publicó este lunes la Declaración de excepcionalidad de la campaña agrícola 2022-2023 de Castilla y León a consecuencia de la sequía. ASAJA reclamó que en este Consejo Agrario se concretasen las medidas urgentes de apoyo anunciadas en paralelo a esa declaración.

Según ha explicado Donaciano Dujo, presidente regional de ASAJA, a la salida de un consejo que se ha prolongado más de cuatro horas, Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, ha apuntado que se dedicarán sesenta millones a sufragar el 30% de la franquicia del seguro agrario, y otros cuarenta millones a préstamos bonificados.

ASAJA reclama una ayuda directa para todos los agricultores y ganaderos profesionales «porque si se vincula exclusivamente al seguro muchos no podrán beneficiarse, especialmente en las provincias del sur de la comunidad, donde la sequía ha sido aún más severa, que son las que tienen un aseguramiento más bajo, porque las condiciones y rendimientos hacen que no sea asequible». Desde ASAJA reclamamos el doble de presupuesto y ayudas directas a los profesionales, tengan o no seguro.

Respecto al apoyo a los préstamos y las condiciones propuestas por la Consejería —una cuantía máxima cubierta de 60.000 euros, un año de carencia y cuatro máximo de amortización—, Dujo afirmó que «se aproximan más a las necesidades del sector, pero deberían ser dos años de carencia y no sólo uno, y por supuesto al 0% de interés, porque el sector está bajo mínimos tras varias campañas malas».

Otro punto reivindicado por las organizaciones en el Consejo Agrario es que las tasas agrarias y ganaderas se reduzcan al máximo permitido, el 95%, tanto en este ejercicio de 2023, como en los de 2024 y 2025.

PAC FLEXIBLE Y URGENCIA. Respecto a la flexibilización de la PAC, igualmente se ha reclamado que sea amplia y además se extienda a años sucesivos, «porque muchas medidas que se nos pide realizar son una barbaridad y deben ser suprimidas, pues complican la vida al agricultor y encima no repercuten en ningún beneficio medioambiental, porque no están adaptadas a la realidad de nuestro país».

Donaciano Dujo ha pedido que todas estas medidas estén aprobadas, financiadas y en marcha antes del 15 de septiembre, para que los agricultores puedan iniciar la nueva campaña con normalidad, lo que además corresponde a la propia declaración de urgencia de la administración regional, publicada este lunes en el BOCYL, para la adopción de medidas de apoyo al sector agrario, dirigidas a dotar de liquidez a las explotaciones de modo que permitan paliar los efectos negativos de la sequía y las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania.

Tras su declaración de excepcionalidad de esta cosecha, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural debe determinar ahora el alcance de las obligaciones y los criterios de admisibilidad de actuaciones de la propia Consejería y de las ayudas de la Política Agrícola Común, tanto con cargo al Feaga como al Feader, equiparando esta situación a las de «fuerza mayor o circunstancias excepcionales»./