Las granjas avícolas y de porcino denuncian que se sienten asediadas por la normativa sobre emisiones industriales que está impulsando la Unión Europea. ASAJA, junto con las otras organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y las asociaciones sectoriales*, pide al consejo de ministros de Medio Ambiente de la próxima semana que modifique la propuesta aprobada recientemente por el Parlamento Europeo. El nuevo texto de las normas de la UE sobre las emisiones generadas por las instalaciones industriales afectará negativamente a más granjas porcinas y avícolas de pequeño y mediano tamaño, es decir, al modelo de producción familiar.

La actual normativa de emisiones afecta a unas 6.500 de las 82.000 granjas de porcino existentes en España (es decir, menos del 8 %, apenas dos de cada veinticinco). Se trata de las granjas con más de 750 reproductoras o 2.000 plazas de cebo (animales a partir de treinta kilos).

Sin embargo, la reducción de límites de tamaño de granjas de porcino propuesto por la Unión Europea para incluirlas en el ámbito de aplicación de la Directiva de Emisiones Industriales va a afectar a las granjas de más de 150 reproductoras o más de 1.160 plazas de cebo, en el caso de porcino.

Para las granjas productoras de huevos, el nuevo límite se establece en 21.400 gallinas ponedoras, frente a las 40.000 de las normas actuales. Esta mayor exigencia afectará a 313 operadores, que representan el 98 % del censo de gallinas ponedoras.

El sector porcino y el avícola son los dos únicos sectores ganaderos obligados a aplicar las medidas de reducción de emisiones derivadas de la Directiva Europea.

Entre 1990 y 2021 el sector porcino ya ha reducido casi el 43 % de sus gases de efecto invernadero, según datos del informe de emisiones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).

UN ESFUERZO IRRELEVANTE. Este esfuerzo ha tenido una insignificante repercusión en España, dado que las emisiones de porcino en el conjunto de los gases de efecto invernadero del país suponen poco más del 2 % en el porcino y menos del 0,5 % en la avicultura.

Esta nueva presión normativa tendrá un gran impacto sobre la viabilidad y la rentabilidad de las granjas de pequeño y mediano tamaño, que deberán necesitar una autorización ambiental integrada, con unos costes administrativos anuales de unos tres mil euros.

Además, las reformas estructurales en las granjas para aplicar las MTD (Mejores Técnicas Disponibles) obligatoriamente supondrán unas modificaciones que harán inviable su amortización y provocarán el cierre inminente de muchas granjas.

La Unión Europea plantea también en su nuevo texto que cualquier ampliación o cambio sustancial en las granjas se someta a consulta pública. Para el sector es una oportunidad para que grupos contrarios a la ganadería impidan esas autorizaciones, con el conocido sambenito de calificarlas como macrogranjas, cuando la mayor parte de los casos se trata de granjas familiares.

Con ello podrían negarse las autorizaciones administrativas para que se realicen las adaptaciones necesarias a las normas que la UE tiene previsto modificar, como las de bienestar animal, entre otras. En ese sentido, hay que recordar que las granjas avícolas ya vienen realizando un esfuerzo ingente para la transformación del sistema de jaulas acondicionadas a sistemas alternativos.    

*Reclamación conjunta de ASAJA, COAG y UPA, junto a las Cooperativas Agro-Alimentarias y las asociaciones sectoriales Aseprhu, Avianza, Federovo y Anprogapor