El Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas Comunitarias (Copa-Cogeca) ha pedido esta semana a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo que este órgano vote este martes 23 de mayo en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuya principal medida es una reducción del 50 % en el uso de plaguicidas químicos en la UE para 2030. Los representantes del sector están siguiendo con «consternación» la tramitación de la propuesta legislativa que Bruselas puso encima de la mesa en junio de 2022, «cada vez más alejada de la racionalidad y la realidad».

En una carta remitida por la presidenta del Copa, Christiane Lambert, y su homólogo de Cogeca, Ramón Armengol, señalan que no puede aceptarse la propuesta en el Parlamento Europeo «salvo que haya cambios importantes con respecto a nuestras líneas rojas», sin perjuicio de que recomiendan «una derogación total de la propuesta para que este texto legalmente vinculante sea puesto bajo el paraguas de la realidad, la viabilidad y la aplicabilidad».

El Copa (Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas) representa a más de 22 millones de agricultores europeos y sus familiares en un esfuerzo combinado con sus miembros para promover los mejores intereses del sector agrícola entre las instituciones de la UE y otros agentes de este ámbito. Por su parte, la Cogeca (Confederación General de Cooperativas Agrícolas) representa los intereses generales y específicos de las cooperativas agroalimentarias, forestales y pesqueras europeas ante las instituciones comunitarias y otras
organizaciones socioeconómicas que influyen en la toma de decisiones en Europa.

Aunque tiene capacidad de opinar sobre la redacción, la comisión parlamentaria de Agricultura no es, sin embargo, la responsable última de la propuesta legislativa para la Ley de Restauración de la Naturaleza, competencia que recae sobre la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

DIVISIÓN PROBLEMÁTICA. Precisamente, Copa-Cogeca denuncia el problema de la «división de competencias» entre comisiones parlamentarias y su distribución «no equitativa», ya que la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural carece de «total competencia sobre los artículos más relevantes» para su sector.

Otro factor conflictivo de la ley, para Copa-Cogeca, es que «desde el principio no se basaba en la realidad» en aspectos como las medidas para evitar el deterioro de hábitats, la financiación y los objetivos de retirada del «uso activo de tierras agrícolas y forestales productivas esenciales». La Ley de Restauración de la Naturaleza persigue reparar el 80 % de los hábitats europeos en mal estado y «devolver la naturaleza a todos los ecosistemas», por lo que impone a todos los Estados miembros unos objetivos vinculantes para que las medidas de restauración alcancen al menos al 20 % de las zonas terrestres y marítimas en 2030 y al 100% en el año 2050.

ESTRATEGIA CUESTIONADA. Las últimas semanas se ha cuestionado en varios ámbitos la política climática de la UE por el impacto en sectores como la agricultura y la pesca (entre ellos, desde las filas del Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen).

Otra de las voces críticas ha sido la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha apelado a centrar el esfuerzo en aplicar la normativa medioambiental ya vigente, en vez de seguir produciendo nueva legislación en la materia.

Sin embargo, el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha alertado de los «riesgos muy elevados» de dar pasos hacia atrás en la transición ecológica, por lo que abogó por introducir nuevos indicadores para calcular el crecimiento económico que consideren la sostenibilidad./