En julio del pasado 2022 se conoció el engaño a que los regantes habían sido sometidos por parte de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Tras la firma del convenio del ministro Planas con SEIASA para realizar las obras de modernización de regadíos incluidas en el «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos», la Delegación del Gobierno comandada por Virginia Barcones trasladó a los medios de comunicación que en dicho plan estaban incluidas una obra ubicada en Soria y la del Bajo Carrión. Hasta ahí todo bien porque era lo que a los regantes se les había comprometido pero la publicación del convenio en el Boletín Oficial del Estado descubrió que no incluía la partida destinada al Bajo Carrión, algo que ha paralizado el avance de la modernización en esta comunidad de regantes.
Hace unos días tuvo lugar, en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, una reunión en la que participaron los representantes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, del ITACYL, de SEIASA y de la Comunidad de Regantes del Bajo Carrión. El motivo era buscar la forma de financiar el aumento del presupuesto de la obra.
Por parte del ITACyL, representado por su director, Rafael Sáez, se ha asumido el incremento presupuestario en la parte que le corresponde y se defendió el comienzo de las obras a la mayor brevedad posible. En cuanto a SEAISA, su presidente Francisco Rodríguez, defendió el dinamismo en los proyectos en la idea de que pueda haber una revisión a la baja en el mismo y además informó de que el proyecto debería iniciar el proceso de evaluación ambiental antes de mayo y ser licitado antes de finalizar 2024, con idea de que la obra esté ejecutada en 2026, fecha límite para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así mismo cifró en 14 a 18 meses el período de duración de la obra.
Según las últimas informaciones, esa misma tarde el Gobierno de España llegó a un acuerdo con el ITACYL en virtud del cual se revisará el proyecto básico de modernización. Además, el Estado incrementará su aportación -de la que una parte es a fondo perdido y otra consiste en financiación para el pago de la obra por parte de los regantes- en un 22% para hacer viable la ejecución de esta modernización. De esta manera, el proyecto pasaría de 37 a 45 millones de euros.
