JUAN PEDRO MEDINA | Ingeniero Agrónomo y ex viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León

Para contribuir al debate sobre el nuevo modelo de ayudas directas PAC 2028-2034, sin ser exhaustivo, haré referencia al contenido en dos documentos principales ya conocidos, en concreto: Recomendaciones del diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura y Conclusiones del consejo de los ministros de Agricultura de la UE de diciembre de 2024 sobre una política agrícola común posterior a 2027 centrada en los agricultores.

Es relevante destacar el primer apartado del documento de las Conclusiones del consejo en el que se hace referencia a los objetivos jurídicamente vinculantes de la PAC —en concreto, al artículo 39 del tratado fundacional de la UE— en virtud de los cuales la PAC posterior a 2027 incrementará la productividad agrícola propiciando así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizará los mercados, garantizará la seguridad de los abastecimientos y asegurará al consumidor precios razonables.

Con ello podemos manifestar que los objetivos originales de la PAC, implícita o explícitamente, siguen presentes todavía, y ello pone en valor la figura del agricultor como actor principal para conseguir los objetivos que benefician al conjunto de la sociedad.

OBJETIVOS RENOVADOS. Sin embargo, se observa cómo, a lo largo de las sucesivas reformas, ante las nuevas demandas de la sociedad, los objetivos se han ido renovando. Así, junto a la orientación inicial de producir más y estabilizar los mercados, ahora se requiere también a los agricultores la defensa medioambiental y el sostenimiento del mundo rural.

En este sentido, en las Recomendaciones del diálogo estratégico se indica que «la futura Política Agrícola Común debería centrarse en estos objetivos centrales:

(1) Proporcionar apoyo socioeconómico dirigido a los agricultores que más lo necesitan;

(2) Promover resultados ambientales, sociales y de bienestar animal positivos para la sociedad;

(3) Fortalecer las condiciones propicias para las zonas rurales.

De nuevo presentes los tres pilares básicos de la sostenibilidad: económico, medioambiental y social; en mi opinión, una continuación del modelo de las dos últimas reformas de la PAC, alejándose de la PAC original, y perdiendo protagonismo como política económica agraria, para convertirse en una PAC más ambiental y social.

AYUDAS VINCULADAS A INGRESOS. Centrándome en el primero de los objetivos propuesto —Proporcionar apoyo socioeconómico dirigido a los agricultores que más lo necesitan—, caben destacarse las recomendaciones ligadas a revisar el modelo de ayudas directas hacia un modelo vinculado a los ingresos de las explotaciones, que sustituiría de forma progresiva los modelos actuales de pagos basados en las hectáreas.

Así, se indica que, para orientar mejor el apoyo, los subsidios deberían estar vinculados a la viabilidad económica de los agricultores, lo que significa que la PAC debería «ofrecer apoyo a la renta a determinados agricultores activos de una manera mucho más específica» para apoyar a los más necesitados, en particular, a las explotaciones pequeñas y mixtas, a los agricultores jóvenes, a los recién llegados y a los de zonas con limitaciones naturales. 

El documento recomienda encargarle a un grupo de trabajo independiente «la evaluación de los mecanismos y criterios más adecuados para orientar mejor los pagos a la renta».

Esta evaluación debería incluir medidas como los mecanismos redistributivos, la limitación, la reducción progresiva de los pagos, los criterios de elegibilidad, así como nuevos mecanismos de distribución inspirados en las políticas sociales.

En realidad, las medidas que sugiere incluir no son nuevas. La mayor parte ya están implementadas en la actual PAC. De hecho, ya existe actualmente cierta discriminación positiva a favor de pequeñas explotaciones, la degresividad, etcétera.

PERJUICIO AL MODELO PROFESIONAL. Siempre he manifestado que las medidas de discriminación positiva por menor tamaño de explotación chocan y perjudican al modelo profesional de agricultura, que es el que dispone de las explotaciones de mayor dimensión; e incluso a las explotaciones de los jóvenes agricultores, a los que se les exige, para su incorporación, unas explotaciones viables y dimensionadas.

Quizá lo más relevante sería profundizar en los criterios de elegibilidad, o en esa consideración de lo que será el apoyo a determinados agricultores activos de manera más específica. En definitiva, definir el modelo de agricultor al que apoyar, donde sin duda debería potenciarse al profesional.

¿EL PAGO POR HECTÁREA, EN EL AIRE? Parece deducirse que el modelo de pago por hectárea pueda abandonarse, criterio que puedo compartir en especial cuando se efectúa una discriminación positiva a las explotaciones de pequeña dimensión.

Ahora bien, el sistema que se propone, «basado en la viabilidad de cada explotación», requerirá de una metodología estandarizada como pudiera ser, por ejemplo, utilizar criterios de dimensión económica calculada mediante un procedimiento normalizado. En definitiva, buscar fórmulas de compensación basadas en términos de renta en euros, de forma que beneficiarios con una renta semejante recibirían la misma ayuda.

Otra opción posible, que ya se ha intentado introducir  en reformas anteriores, es dirigir las ayudas directas del primer pilar a determinadas explotaciones vinculadas a su ubicación, como modelo de apoyo para compensar los hándicap productivos por criterios concretos (pendiente del terreno, pluviometría, tipo de suelo, etcétera). Es decir, utilizar el modelo de ayudas a determinadas explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones naturales incluido en las intervenciones actuales de desarrollo rural del Feader, asignando un pago por explotación en función de sus características por ubicación y orientaciones productivas, donde sin duda tienen encaje las explotaciones mixtas o ganaderas. 

INCENTIVOS MEDIOAMBIENTALES. El otro gran capítulo de ayudas directas serán los incentivos a los agricultores ligados hacia una transición ecológica que conduzca a un sector agrícola más sostenible (es de suponer que estos pagos tengan en el futuro más protagonismo).

Así, en las Conclusiones del consejo, se afirma que la transición ecológica solo puede lograrse en asociación con los agricultores, por lo que hace hincapié en que éstos deben recibir los incentivos adecuados y que debe fomentarse su interés en aplicar prácticas de producción agrícola ecológicamente responsable, remunerándolas más allá de los costes y las pérdidas de ingresos por sus servicios ecosistémicos («pagos verdaderamente incentivadores») que pudieran tener una escala de puntos, de forma que los agricultores que apliquen prácticas más ambiciosas tendrían mayor puntuación y, con ello, importes de ayuda más elevados.

Pero estas ideas o reflexiones no sabremos en qué medida se tendrán en cuenta hasta que el nuevo comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, presente el documento sobre la Visión para la agricultura y la alimentación, previsto para la próxima semana (en concreto, para el miércoles 19), Será a partir entonces el momento de profundizar./