En mayo se publicó el Real Decreto Ley 10/2022. Esta normativa es la que ha regulado lo que comúnmente se conoce como “el tope del gas” o la “excepción ibérica”, algo que ha hecho un roto en la economía de regantes y ganaderos. Lógicamente el daño es mayor cuanto mayor es la dependencia eléctrica de la producción en cuestión.

Según el preámbulo de la norma el mecanismo limitaría el impacto que la escalada de precios del gas natural estaba teniendo en el mercado mayorista de electricidad. Las centrales de ciclo combinado, cuyo combustible es el gas natural, son las que están marcando el precio de la electricidad en el mercado regulado. Esto se debe a la forma de cálculo del precio de la energía, donde la de generación más cara marca el precio del conjunto y la idea era la limitación del precio del gas de manera que bajara el precio de la electricidad. A partir de ahí se abonaría la diferencia de precio entre el tope y el precio real participando de este pago todos los usuarios beneficiados por este topado del gas, “bien porque adquieren la energía a un precio directamente referenciado al valor del mercado mayorista o bien porque ha firmado o renovado un contrato teniendo ya en cuenta el efecto «beneficioso» del mecanismo sobre los mercados mayoristas”.

Esta medida ha provocado un aumento desmedido en los precios de la energía, algo por lo que se están viendo perjudicados muchos regantes y comunidades de regantes, y ganaderos, que son los que más uso realizan de la electricidad en nuestra provincia.

A continuación mostraremos varios ejemplos del incremento sufrido por la energía en el caso de regantes y ganaderos. Hay que tener en cuenta que en el año 2021 cambiaron los peajes de acceso y eso supuso una modificación de los tramos horarios de las tarifas. El cambio, como ya explicamos en su momento fue muy perjudicial para los regantes, que vieron cómo se complicaba su situación si pretendían evitar los tramos horarios más caros -recordemos que la potencia contratada paga una importante cantidad en las facturas y conviene tener contratado lo mínimo posible en los tramos más caros- y los ganaderos lo tuvieron aún peor ya que su actividad no puede variar porque sigue los ciclos biológicos de los animales y no puede buscar cambiar los tramos horarios para ahorrar energía. También ha afectado negativamente el precio de la luz, por las nubes en nuestro país desde hace meses, algo que ha hecho que en la renovación de los contratos del mercado libre se haya incrementado de forma más que notable el coste energético de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Las facturas que han llegado en los últimos meses son exorbitadas. En varios casos que han estudiado los servicios técnicos de ASAJA-Palencia, y que aún no tienen aplicado “el tope del gas”, se ha constatado un incremento de precio de la factura de entre un 74% a un 147%, es decir que de media se podría hablar de que el coste energético se ha doblado.

Cuando entra en juego el “tope del gas” el tema se recrudece. En los casos estudiados se puede ver unos incrementos de un 200 a un 300% aproximadamente, eliminando la variación de consumo lógica de un año a otro. Estamos hablando de pasar a pagar de tres a cuatro veces más por la electricidad. Una factura mensual que en 2021 era de 3.000 euros este año puede ser de 12.000 euros (caso real) o una factura de 2.000 euros se puede ir a los 6.000 euros (también caso real).

En esta situación se encuentran los empresarios españoles, como lo son nuestros agricultores y ganaderos, y es para pensarse si seguir en la brecha o dejar el negocio.

Para más inri, la disposición adicional primera de la Ley de la Cadena Alimentaria, publicada en diciembre del pasado año 2021, recoge que se debe ofertar una doble tarifa para los regantes y una bonificación del 35% en la factura del gasóleo y otra de un 15% para los fertilizantes pero estas medidas no se han desarrollado. Un palo más en las ruedas de agricultores y ganaderos, algo a lo que por desgracia ya nos estamos acostumbrando.