Cara a las elecciones generales que se celebran este 23 de julio, ASAJA ha elaborado un documento reivindicativo dirigido a los partidos políticos con doce grandes líneas reivindicativas de nuestra organización para que el sector agropecuario siga siendo estratégico en la economía de España y  y prioritario para la sociedad. Un planteamiento de partida básico para ASAJA es integrar de manera transversal las cuestiones agraria y rural en prácticamente todas las políticas públicas, así como la creación de un único ministerio que aglutine todas las competencias de agricultura, agua, medioambiente, transición ecológica y desarrollo rural. Igualmente, nuestra organización reclama una mayor coordinación de ese ministerio con los de Economía, Hacienda, Trabajo y Seguridad Social, para una protección y promoción integrales de nuestro sector y el medio rural.

El documento incluye las siguientes reivindicaciones:

1. Reconocer el valor de la profesión de agricultor y ganadero y concienciar de su  papel estratégico y esencial para garantizar la seguridad alimentaria. La agricultura y la ganadería garantizan el abastecimiento de alimentos sanos y seguros a precios razonables, es fuente de equilibrio y riqueza en los pueblos, y desempeña un papel primordial en el desarrollo rural y en la protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad.

2. La sostenibilidad económica, social y medioambiental del medio rural está ligada a la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrarias, así como al desarrollo de su potencial innovador. Son necesarios apoyos e instrumentos que aseguren esa rentabilidad (en particular, garantía de precios justos en origen), así como medidas que contengan los costes de producción y compensen las subidas desmesuradas de los últimos años. Asimismo, es imprescindible simplificar la normativa del sector, reducir sus cargas burocráticas y agilizar la distribución de ayudas.

3. Apoyo reforzado al relevo generacional del sector.  Las mujeres y los jóvenes son el soporte del medio rural. Hay que fomentar su incorporación a la agricultura, con más apoyos y ayudas, simplificando su gestión y agilizando los pagos. Frente a la despoblación rural y para dinamizar la economía del campo, urge dotar a los pueblos de infraestructuras y servicios de calidad para sus habitantes.

4. Garantizar una cadena alimentaria resistente, trasparente y más justa. En el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria, hay que empoderar al sector agropecuario, actualmente relegado frente al peso de la industria y la distribución; intensificar las exigencias de transparencia y activar los controles que aseguren la regularidad y la equidad en la determinación de los costes de producción y la formación de precios. Para ello, debe reforzarse la labor de la AICA y del Observatorio de Precios.

5. Presupuesto suficiente para la PAC. Es necesario un ambicioso presupuesto agrícola en la Unión Europea, acorde con las necesidades apremiantes del sector y que permita cumplir los compromisos comunitarios e internacionales que le conciernen.

6. Fiscalidad acorde con las necesidades del campo. El régimen fiscal de la actividad agropecuaria debe conservar a sus profesionales e incorporar otros nuevos. Es básico mantener el Sistema de Módulos y el Régimen Especial Agrario del IVA; el estímulo fiscal  para agricultores y ganaderos en estimación directa, para que se incorporen mujeres y jóvenes y para quienes residan en el medio rural; reducir los impuestos indirectos que afectan a agricultores y ganaderos; suprimir los impuestos de sucesiones y donaciones, de patrimonio y de  plusvalías municipales en el ámbito rural, así como implantar definitivamente la doble tarifa eléctrica del regadío.

7. Políticas de empleo y de seguridad social que se adapten a las necesidades propias del campo y a la singularidad laboral agropecuaria, con arreglo a estas líneas principales: compensaciones frente al inasumible incremento de los costes sociales (subida del SMI y cotizaciones), solventar la falta de mano de obra en el campo, adaptación de los tipos del contrato para permitir la temporalidad eventual y contratar a tiempo parcial en términos acordes con la singularidad del campo, simplificación de la gestión de las campañas, apoyo económico e institucional en acciones de tipo informativo y formativo para la implicación de los trabajadores en el proceso de transición digital, medioambiental y preventivo; giro en la actuaciones de la inspección laboral, y mejorar los niveles de protección social al trabajador autónomo agrario.

8. Reforma del modelo vigente de seguros agrarios. Es necesaria su revisión a fondo, en especial líneas de contratación que no funcionan.

9. Vertebración hídrica de España e infraestructuras urgentes. Necesitamos una política hidráulica que asegure la disponibilidad  y la gestión sostenible del agua, para garantizar la seguridad hídrica, sin usarla de modo partidista. Es preciso definir e impulsar un Plan Hidrológico Nacional y un Plan Nacional de Regadíos, con valentía, innovación y optimización de recursos, lo que exige con urgencia las inversiones apropiadas.

10. Equilibrio en la protección de especies en peligro. La protección de especies en peligro de extinción debe ser razonable y equilibrada, para no comprometer la viabilidad y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y cinegéticas.

11. Promoción de los productos españoles dentro y fuera de la UE, valorando su singular calidad y defendiendo la imagen del sector agropecuario nacional. Como potencia agroexportadora de primer orden, referencia en mercados mundiales, España ha de intensificar la promoción de sus productos por su singular calidad y su producción sostenible; y reforzar en paralelo el control de importaciones.

12.- Priorizar la cuestión rural en las políticas públicas. Es imprescindible la defensa clara y expresa del mundo rural, sus valores, su patrimonio histórico-cultural y sus tradiciones, con políticas de apoyo a la caza, al mundo del toro y la tauromaquia, y a las tradiciones populares. Asimismo, urge potenciar un medio rural vivo, con actividad económica, empleo, servicios, comunicaciones e infraestructuras de calidad, para atajar el acuciante problema del despoblamiento./