TAMPOCO HA HABIDO CONSENSO CON AGRICULTURA EN LA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DE LA PAC

La nueva y compleja normativa supondrá un reto para los agricultores

El Ministerio de Agricultura publicó el 31 de diciembre dos reales decretos de especial trascendencia y relevancia para el sector agrario de Castilla y León, sin tener en cuenta, una vez más, la opinión de la organización agraria mayoritaria, que es ASAJA. Se trata del Real Decreto 1618/2005 sobre aplicación del régimen de pago único y otros regímenes de ayuda directa a la agricultura y la ganadería, así como el Real Decreto 1617/2005, por el que se regula la concesión de derechos a los agricultores dentro del régimen de pago único.

La administración ha optado definitivamente por no aplicar el desacoplamiento total de las ayudas en sectores como el cereal, el ovino o la vaca nodriza, contrariamente a la filosofía de la nueva PAC y contrariamente a la decisión tomada en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, países con cuyas agriculturas tenemos que competir. Por otra parte, se aplica el articulo 69 del Reglamento de la PAC, que da potestad a los estados miembros para recortar las ayudas, otra práctica en la que España será una excepción. Así, se recortarán las ayudas en sectores como el tabaco, el vacuno de carne o la leche, para después hacer una redistribución de fondos donde van a primar los criterios políticos, y ni siquiera se garantiza que no se produzcan desequilibrios territoriales. Por otra parte, se reducen las ayudas en un 3 por ciento, el máximo permitido por la Unión Europea, para crear una reserva nacional de derechos. Todos estos recortes se suman al de la modulación, que fue del 3 por ciento en 2005, es del 4 por ciento en 2006, y será del 5 por ciento en 2007 y sucesivos.

ASAJA de Castilla y León critica que el Gobierno no haya cumplido con el compromiso, adquirido en diciembre de 2004, de suprimir los índices de barbecho tradicional, una normativa que obliga a dejar en varias comarcas de la región un porcentaje de la explotación sin cultivar ni cobrar ayudas, pero donde sí hay que hacer labores absurdas en el terreno que suponen enormes costes a cambio de ningún beneficio.

Por otra parte, la organización agraria ASAJA lamenta el retraso en la publicación de toda la normativa, tanto la que ahora ha visto la luz como otra pendiente de publicación, algo en lo que han tenido responsabilidad compartida el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura de la Junta. Si se hubiese tenido en cuenta la opinión de ASAJA, el plazo de convocatoria de las ayudas no se habría abierto al menos hasta mediados de marzo, cuando estuviese ya toda la normativa publicada y comunicados los derechos de los agricultores, y estaría abierta hasta mediados de mayo, como permite la normativa europea, con el fin de ajustar las declaraciones al plan de siembra real y evitar modificaciones en los expedientes.

ASAJA considera que ni la administración central ni la autonómica están poniendo las medidas oportunas para gestionar correctamente las nuevas ayudas, que suponen todo un reto por novedosas y complejas. De esta improvisación y de no respetar los plazos que en un principio se habían marcado, los grandes damnificados serán los agricultores y los ganaderos, así como ASAJA y otras organizaciones que, con pocos medios, informan de estas ayudas y se las tramitan a miles de agricultores y ganaderos de la región.