El director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, ha intervenido en diferentes jornadas informativas con el sector vitivinícola para explicar la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector del vino y, en concreto, la Nota interpretativa elaborada por el Ministerio sobre la aplicación en los contratos de compraventa de uva de vinificación de los plazos de pago previstos en la citada Ley.
AICA divulga entre el sector vitivinícola los principales aspectos de la norma sobre los plazos de pago de la uva
El director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, ha intervenido en diferentes jornadas informativas con el sector vitivinícola para explicar la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector del vino y, en concreto, la Nota interpretativa elaborada por el Ministerio sobre la aplicación en los contratos de compraventa de uva de vinificación de los plazos de pago previstos en la citada Ley. La Nota interpretativa permite a los inspectores de AICA contar con criterios objetivos y claros a la hora de realizar sus inspecciones y comprobar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Para Herrero, “el principal objetivo de esta Nota es aclarar la interpretación del cómputo de los plazos de pago en las operaciones de compraventa de uva de vinificación”. Según ha explicado, el pago del precio acordado será de 30 días, que se empezará a contar desde el día de la finalización de la entrega de la uva. Además, el director de AICA ha subrayado que “en esta vendimia toda la uva entregada por los viticultores deberá contar con un contrato, un precio determinado o determinable, y ser pagada con un precio base, en un plazo máximo de 30 días”.
Asimismo, Herrero ha asegurado que el Ministerio ha constatado “una buena voluntad para cumplir con los nuevos requisitos establecidos en la Ley de la Cadena Alimentaria”.
También ha anunciado que, coincidiendo con la próxima vendimia, AICA va a realizar inspecciones en el sector para comprobar la existencia de contratos en las operaciones de compraventa.
