CON LA SANIDAD ANIMAL HAY QUE SER MÁS SERIOS

Entre los inconvenientes que tiene el Estado de las autonomías, se encuentra sin duda la capacidad de las diferentes regiones de España para legislar de forma distinta sobre asuntos comunes.

José Antonio Turrado*

Entre los inconvenientes que tiene el Estado de las autonomías, se encuentra sin duda la capacidad de las diferentes regiones de España para legislar de forma distinta sobre asuntos comunes. La capacidad para poner fronteras legales donde personas, bienes y servicios hace tiempo pasamos de unos territorios a otros con total y absoluta libertad. Si nos centramos en la sanidad animal, cuando surge un problema serio en esta materia, y ejemplos sobrados hemos tenido en los últimos años, nos encontramos con problemas globales que pretendemos abordar con legislación y medios locales, limitándose el Estado a una laxa coordinación de los medios y esfuerzos. Así nos ha ido en cuestiones como la peste porcina, la enfermedad de las vacas locas o la lengua azul, y que no llamen a nuestra puerta problemas como el de las dioxinas o la gripe aviar, que pondrían si cabe más al descubierto las deficiencias de nuestro sistema en esta materia. Por ello, en ASAJA hemos reclamado siempre que en materia de sanidad animal el grueso de la legislación sea nacional, y que sin restar competencias a las autonomías, se coordinen todas las actuaciones y se aplique por igual en todos los territorios, reivindicación esta que lejos de conseguirse parece cada vez más lejana.

Un nuevo conflicto en materia de sanidad animal está estos días de actualidad, afectando a ganaderos leoneses y asturianos, y por extensión a los gobiernos de Castilla y León y del Principado. No hace falta explicar la importancia que tienen la sanidad animal, y no hace falta explicar la necesidad de no dar pasos hacia atrás en el control de una enfermedad como la brucelosis, que se vienen combatiendo a consta de mucho esfuerzo de los poderes públicos y pérdidas económicas de los ganaderos desde hace ya cincuenta años. Pues bien, la legislación de Castilla y León establece que el movimiento de ganado sólo puede permitirse si se ha realizado una prueba de diagnóstico serológico sobre brucelosis, con resultado negativo, dentro de los 30 días anteriores. No estoy capacitado para juzgar ni procede en estos momentos, los criterios en los que se basó el legislador para establecer este periodo, porque ahora lo que toca es cumplir la norma, y si no se está de acuerdo con la misma y hay consenso al respecto, habrá que cambiarla, pero nunca incumplirla.

La Junta de Castilla y León ha autorizado el traslado de reses asturianas al puerto de Pinos (León) para el sábado 3 de junio, con plazos desde el último sangrado o prueba de diagnóstico de brucelosis que llegan a superar los dos meses, el doble de lo establecido. ASAJA no comparte la única razón que se ha dado desde uno y otro lado de la cordillera: «decisión política basada en unas relaciones de buena vecindad». Posiblemente a medio plazo se le esté haciendo un flaco favor a quienes en un principio se pretende favorecer, pues no podemos olvidar que estamos hablando del traslado de varios cientos de reses asturianas, que se juntarán con otras de León, pertenecientes a decenas de ganaderos, lo que sanitariamente podría considerarse un cóctel peligro.

Ha faltado tiempo para que otros ganaderos asturianos se sientan agraviados con la medida. Son los que llevan sus vacas a otros puertos leoneses como Arbas o Pajares, a los que la Junta de Castilla y León sí les exige el sangrado dentro de los 30 día, y nadie le puede dar ahora una explicación medianamente convincente sobre el doble rasero que se está aplicando. Pero es más, cuando estos ganaderos retornan a Asturias, allá por el otoño, las autoridades sanitarias del Principado no permiten el regreso si no se presentan las pruebas de la brucelosis hechas en León, con resultado negativo, en un plazo máximo de 30 días. Es decir, la confianza que Castilla y León tiene sobre la sanidad animal asturiana, no es algo recíproco, lo que hace suponer que el Gobierno de Castilla y León reconoce un déficit sanitario que a mí entender no es tal, sino todo lo contrario.

Espero que el lío que se ha montado sirva para que en lo sucesivo se hagan las cosas mejor. Para que se sea riguroso con lo importante y se eviten papeleos y burocracia absurda con lo secundario. Que sirva para que asturianos y leoneses podamos compartir nuestros territorios bajo unas normas comunes y a poder ser bajo una buena sanidad animal que dé valor a nuestras producciones pecuarias. Espero que sirva para tener de verdad un «trato de buena vecindad», pero basado en la reciprocidad y sin que ello ponga en riesgo la sanidad de nuestra cabaña.

Y no soy tan ingenuo como para pensar que en todo esto no ha tenido su parte de culpa el conflicto de intereses económicos entre ganaderos de ambos territorios, pues hasta Europa veta la entrada de productos americanos con el pretexto de una falta de garantías sanitarias, cuando si alguien es riguroso en esto es EE.UU. Pero si hay un conflicto de fondo, tienen que arreglarlo las partes, o recurrir a la justicia ordinaria, y desde luego en un clima de crispación las administraciones tienen que ser más pulcras que nunca cumpliendo y haciendo cumplir las normas.

León, 1 de junio de 2006.