EBRO PULEVA ESTÁ INTERFIRIENDO EN LA LIBERTAD SINDICAL DE LOS AGRICULTORES

La empresa Azucarera Ebro, SLU, perteneciente al grupo Ebro Puleva, con una participación relevante en el accionariado del Estado y cajas de ahorro tan importantes como Caja España, Caja Duero o Caixa Galicia, está utilizando la contratación de remolacha de esta campaña 2006/07 para dirigir a los agricultores hacia los colectivos de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y alguna organización provincial de la COAG.

Artículo de opinión

  Ebro Puleva está interfiriendo en la libertad sindical de los agricultores

José Antonio Turrado*

La empresa Azucarera Ebro, SLU, perteneciente al grupo Ebro Puleva, con una participación relevante en el accionariado del Estado y cajas de ahorro tan importantes como Caja España, Caja Duero o Caixa Galicia, está utilizando la contratación de remolacha de esta campaña 2006/07 para dirigir a los agricultores hacia los colectivos de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y alguna organización provincial de la COAG. De esta forma, Ebro Puleva se posiciona claramente a favor de una determinada opción sindical agraria en el campo de Castilla y León, clasificando a los agricultores como buenos o como malos dependiendo de cuál sea su afiliación agraria.

En conversaciones privadas no con uno, sino con varios directivos regionales de la compañía, se nos ha indicado claramente que se ha tomado la decisión de dejar a ASAJA fuera de cualquier reparto de contratación de remolacha suplementaria. Algún jefe de Cultivos ha llegado a insinuar que la decisión se conocía en el Consejo de Administración y que por tanto «estaba tomada y bien tomada». Utilizan como cargos la postura de ASAJA en la reforma de la OCM del azúcar pidiendo el desacoplamiento total de las ayudas, lo que ha sido «muy perjudicial para los intereses de la compañía»; la petición de ASAJA de que no se aplique el artículo 69 del Reglamento de la PAC en la ayuda desacoplada al cultivo; en la postura de ASAJA exigiendo que no quedase ni una tonelada en el campo sin procesar en la campaña 2005/06, y particularmente en la oposición que ha manifestado la organización a la firma del nuevo Acuerdo Marco Interprofesional con la propuesta que la parte industrial ha puesto encima de la mesa.

Pero quizás lo que más le ha dolido a Ebro Puleva, y que en una huída hacia delante le ha llevado a tomar la decisión de aplicar represalias, es la postura firme de la organización agraria, personificada en el presidente regional Donaciano Dujo y en el nacional Pedro Barato, para defender los intereses de los cultivadores de remolacha tanto ante la política agraria sectorial como ante la industria azucarera en las relaciones contractuales con el sector productor. Y es que Ebro Puleva no quiere dirigentes sindicales a los que no se les pueden comprar voluntades, ya no digo a través de prebendas personales, sino de repartos de contratación de remolacha para agricultores del colectivo, u otro tipo de «privilegios» reservados para quienes trabajan a favor de corriente en defensa de los intereses de la compañía.

La postura de Ebro Puleva queriendo marcar la línea sindical agraria en Castilla y León es reprobable por toda gente de bien, y desde luego ASAJA no se lo va a consentir por mucho daño que puntualmente puedan hacernos. Pero no se lo debería de permitir la sociedad castellano leonesa, entre la que están nuestros agricultores y ganaderos, no se lo deberían de permitir las instituciones, y sobre todo no se lo deberían de permitir los accionistas, particularmente Caja España, Caja Duero y Caixa Galicia (esta última con gran implantación en León por la absorción en su día de Caja Rural). Si es verdad que el Consejo de Administración es partícipe de la decisión, o no siéndolo permanece pasivo ahora que conoce los hechos, ASAJA tendrá que exigir responsabilidades a estas entidades de crédito en las que creemos como clientes que somos de las mismas, y nos tendremos que plantar a sus puertas para pedir respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el derecho de asociación, como es el derecho de sindicación agraria.

No entramos a juzgar la bondad o maldad de contratar remolacha de reporte de la campaña 2007 a 29 euros por tonelada pensando que no se va a producir en Andalucía. No queremos hacer las cuentas a nuestros agricultores sobre lo que se puede ganar sembrando remolacha para producir azúcar casi al precio de los mercados internacionales. Ahora lo que toca es defender el principio de que si se oferta una contratación de remolacha a los cultivadores de Castilla y León, se ha de ofertar en igualdad de condiciones a todos. Se le ha de ofertar a todos. La afiliación política o sindical entra dentro de las libertadas individuales de las personas, y poco tiene que ver con los intereses mercantiles de una empresa importante en España, que cotiza en la Bolsa, y en la que han depositado sus intereses importantes cajas de ahorros. Nuestras cajas de ahorros.

Valladolid, 24 de marzo de 2006

 

* José Antonio Turrado es secretario general de ASAJA de Castilla y León