La organización agraria ASAJA se opone rotundamente a una propuesta de la Dirección General de la Producción Agropecuaria, de la Junta de Castilla y León, remitida a las organizaciones profesionales agrarias para aportar alegaciones, por la que se establecen criterios para clasificar como trashumantes a las explotaciones ganaderas

LA JUNTA PREPARA UN MARCO LEGAL PARA LA GANADERÍA TRASHUMANTE QUE EXCLUYE EL MODELO LEONÉS

La organización agraria ASAJA se opone rotundamente a una propuesta de la Dirección General de la Producción Agropecuaria, de la Junta de Castilla y León, remitida a las organizaciones profesionales agrarias para aportar alegaciones, por la que se establecen criterios para clasificar como trashumantes a las explotaciones ganaderas. De salir adelante esta iniciativa, por vez primera se establecerá una definición legal de esta práctica ganadera, lo que tendrá distintas consecuencias, entre otras la inscripción de la ganadería como tal en el Registro de Explotaciones Ganaderas que regula la Ley Agraria.

La Junta quiere definir el modelo ganadero de trashumancia, pero no el de trasterminancia, términos que  en la práctica se asemejan y que se suelen utilizar indistintamente. La propuesta de Agricultura considera que “hay un movimiento trashumante cuando se realiza el desplazamiento de animales para el aprovechamiento de pastos de forma estacional, en al menos un movimiento de ida y otro de retorno a la explotación de origen, entre distintas comunidades autónomas, y si es dentro de la misma autonomía, entre comarcas que disten entre sí más de 200 kilómetros”. Es en esta última parte donde radica el problema, ya que la trashumancia que se hace hoy día en León es entre comarcas de los páramos y las vegas y comarcas de la montaña, con distancias en todo caso inferiores a los citados 200 kilómetros.

En opinión de ASAJA, no tiene sentido alguno dar prioridades o reconocimientos a la trashumancia respecto a la trasterminancia (recorridos más cortos), pues los movimientos a pastos más próximos y si es posible en la misma comunidad autónoma, reportan ventajas sanitarias a los rebaños, son más viables económicamente, y suponen una mayor calidad de vida del ganadero. Lo razonable es que la Junta potencie el aprovechamiento de los recursos pastables en la propia autonomía, no fuera de la misma, es decir, que la trashumancia sea la alternativa cuando no es posible la trasterminancia.

Despojar a los ganaderos leoneses de su condición de trashumantes es un insulto para quienes generación tras generación llevan practicando este modelo de producción animal que aprovecha recursos valiosos que de otra forma se perderían, que es el único posible en comarcas de alta montaña con gran dureza climática, que es tremendamente respetuoso con la naturaleza, y que contribuye al mantenimiento de las costumbres y tradiciones. Pero además, esta nueva definición  excluiría a las ganaderías de ciertas ayudas agroambientales (ayuda al pastoreo extensivo y la trashumancia)  que se han venido disfrutando hasta ahora, y de otras que puedan surgir en el futuro, por lo que al componente emotivo se suma un claro componente económico.

En la provincia de León hay movimientos de ganado para pastos en distintas comarcas que abarcan unas 43.000 cabezas de ovino, más de 6.000 de vacuno y 4.300 de equino. Los movimientos a otras comunidades autónomas, en franco retroceso, son prácticamente todos de vacuno, en un número aproximado de 2.000 cabezas.

 

León, 3 de julio de 2015.

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