La corrupción política tiene muchas aristas. Corrupto no solamente es el político que acepta sobornos al adjudicar obra pública o recalificar terrenos, también es el que da puestos de trabajo pagados con dinero público a quienes antes le han apoyado en alguna estrategia de partido, lo mismo que es corrupto quien crea puestos de trabajo en lo público que son innecesarios, para colocar en ellos a los que le son próximos. Cualquier despilfarro en lo público, hecho con conocimiento y expreso consentimiento, es también corrupción, o por lo menos a mí así me lo parece. Por eso creo que el reciente nombramiento de la ex diputada Soraya Mayo, para un cargo de dirección en el Itacyl, es una variante de la corrupción política, más o menos grave que otras, según por dónde y cómo se mire. No sirve el pretexto de que otros lo han hecho antes, ni el pretexto de que si gobernasen otros lo harían también, quizás peor, porque en el momento que se busca el pretexto, es señal inequívoca de que te has metido en el ajo. Esto es lo que le ha ocurrido al partido de Ciudadanos, y como los partidos son también las personas que mandan en ellos, es lo que le ha ocurrido al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Este señor que venía a regenerar la vida política de Castilla y León y que nos miraba a todos por encima del hombro dando clases de moral en la gestión de lo público, resulta que es como todos los demás políticos, y que si antes no lo había hecho es porque no había podido, pero al mínimo que ha tenido la ocasión se ha enganchado al carro de usar lo de todos para el beneficio propio. Lo malo de esto es que Ciudanos por acción, y el PP por asentimiento, saben que han obrado mal y que van a tener su merecida crítica, pero saben también de la fragilidad de la memoria colectiva y por lo tanto que el tema no durará más de un par de informativos. Digo un par y digo mucho, porque el señor Igea es el que reparte las subvenciones a unos medios de comunicación a los que a menudo se trata de amordazar con recortes en campañas publicitarias gestionadas con criterios nada profesionales.
*Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicado en La Nueva Crónica del viernes 10 de julio de 2020.
