El Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos ha recordado estos días su intención de rebajar la fiscalidad en el medio rural como ya anunciaran en su acuerdo de investidura. Bien me parece, y vamos a ver si se trata de una rebaja real y bien enfocada, o si por el contrario se queda en una actuación de cara a la galería aplicada tarde y con alcance excesivamente limitado. Perdemos la autoridad moral para exigir a los gobiernos de la Junta y del Estado medidas fiscales que supongan una discriminación positiva hacia los habitantes del medio rural, si nuestros ayuntamientos, que es nuestra administración más próxima y presuntamente gobernada por los nuestros, hacen gala de una voracidad impositiva que a veces puede equipararnos, en esta materia, con cualquier territorio urbano. Me refiero a la aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles, que muchos ayuntamientos lo llevan a la cuota máxima que le permite la ley, pero lo que es peor, se aplica sobre una valoración catastral que equipara el valor del bien en un pequeño municipio leonés con el que tiene en una ciudad. Se valoran como inmuebles construcciones que están en auténtica ruina y que costará un pico desescombrarlas y dejarlas en solar diáfano, y se valora con criterios confiscatorios y no objetivos inmuebles para los que difícilmente algún día habrá un comprador. Por eso, si de verdad queremos ahondar en una campaña que lleve a una política horizontal de bajada de impuestos en el medio rural, como medida para incentivar la generación de riqueza, de empleo y de lucha contra la despoblación, los primeros que tienen que aplicarse el cuento son nuestros ayuntamientos, y hoy no lo están haciendo. Tampoco lo están haciendo cuando se ponen estupendos con el cobro de la licencia de obra y actividad, para nada inferior a la de las grandes ciudades, y pocos están poniendo medios para dar solución económicamente viable y medioambientalmente aceptable a la retirada de escombros de la construcción, que aquí, por distancia, es más cara que en la capital. O no es verdad, señores concejales?.
*Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicado en La Nueva Crónica del viernes 23 de agosto de 2019.
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