Estos días se ha publicado el Real Decreto 20/2017 por el que se aprueban diversas medidas tributarias, entre otras los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018. A esto se han apuntado 522 municipios de Castilla y León, la mayoría municipios rural, cuyos gobernantes aplauden cada vez que se revisa al alza el valor de los inmuebles y consecuencia de ello aumenta la recaudación. Siendo cierto que es el propio ayuntamiento quién libremente fija el porcentaje a pagar, por lo tanto decide la carga impositiva, no es menos cierto que cuando se produce subida de valor por lo general se  mantiene el tipo impositivo y la consecuencia es una mayor carga tributaria. Más o menos, en el mismo porcentaje que se incrementa el valor del inmueble se aumenta la recaudación y se aumentan los impuestos para el contribuyente. Y todo esto sin entrar en el fondo de la cuestión, que no es otro que dirimir si de verdad en la mayoría de los pueblos los inmuebles de rústica valen o no lo que el Catastro dice que valen, pues en muchos casos son una carga para el propietario del bien. Hay que oponerse a que los ayuntamientos suban la recaudación del IBI tanto en las viviendas como en las construcciones ganaderas o industriales, y sobre todo que lo suban para malgastar los ingresos que obtienen con esta recaudación inquisitoria. Sangrar al pequeño negocio que todavía pervive en nuestros pueblos, sangrar a quién tiene la valentía de vivir en un pequeño pueblo, o sangrar a quién legítimamente tienen una segunda vivienda en el medio rural, o mantiene una construcción heredada de la familia, y hacerlo para despilfarrar en gastos inútiles, no tiene un pase. Se está exprimiendo al contribuyente para hacer obras no pocas veces inútiles, para levantar aceras y colocar horribles baldosas, para contratar operarios que no dan un palo al agua, para pagar dietas cada vez que se reúne una comisión delegada, o para crear nuevos servicios que después no saben gestionar. Mil veces se pregunta uno si merece la pena ser propietario de algo.

*Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicado en La Nueva Crónica del viernes 5 de enero de 2018

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