Tendidos eléctricos

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Los medios de comunicación de la provincia se han hecho eco de una sentencia que obligaría a las eléctricas a pagar tasas a las entidades locales propietarias de terrenos por lo que transcurre el tendido de alta tensión.

Tendidos eléctricos

Los medios de comunicación de la provincia se han hecho eco de una sentencia que obligaría a las eléctricas a pagar tasas a las entidades locales propietarias de terrenos por lo que transcurre el tendido de alta tensión. Bien está, pero vamos a ver si es verdad que las eléctricas sueltan un duro, y sobre todo, si de soltarlo no sale del bolsillo de todos los consumidores. Y dicho esto, los tendidos eléctricos, a quién de verdad causan molestias, es a los propietarios de las fincas rústicas por las que pasan, y más que a los propietarios, a los arrendatarios que las trabajan. Las compañías proyectan los trazados por donde menor coste le supone, no por donde menos perjuicios ocasionan, y la ley, la que determina el interés público de la ocupación, se pone de su parte, porque, quién la interpreta, que es en primera instancia la administración con competencias en la materia, es condescendiente con sus intereses. Estos tendidos eléctricos son incompatibles con nuestros regadíos modernizados impidiendo sistemas de riego más racionales como son los pivot, y a pesar de ello, en muchas zonas regables atraviesan cables por todas partes como si estuviésemos a las puertas de una floreciente zona industrial consumidora de esa energía. Si de verdad la ocupación del terreno se pagase por el trastorno y coste real para el propietario o agricultor, a buen seguro los trazados de las líneas serían otros con un poco más de sentido, se evacuaría a centros más próximos, y se mejoraría la capacidad de transporte antes de instalar, casi en paralelo, un nuevo tendido. Así que, abierto el debate de los perjuicios que nos causan las eléctricas, no suficientemente compensados, los agricultores, como tales y como propietarios de los terrenos que surcan los tendidos, tenemos todo el derecho a  pedir lo nuestro, a pedir que se nos indemnice por lo que nos han quitado en aras de un mal entendido interés general. Porque no es interés general, es interés de grandes compañías.

Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicado en La Nueva Crónica del viernes 27 de enero de 2017.

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