El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León dispone de un funcionario por cada 38 agricultores que desempeñan la actividad en la provincia, según se desprende de un informe reciente de la Junta de Personal. Si se cubrieran todas las plazas que no están amortizadas pero que figuran vacantes, un total de 148, el ratio de agricultores por funcionario sería de 24.
UN FUNCIONARIO POR CADA 30 AGRICULTORES
El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León dispone de un funcionario por cada 38 agricultores que desempeñan la actividad en la provincia, según se desprende de un informe reciente de la Junta de Personal. Si se cubrieran todas las plazas que no están amortizadas pero que figuran vacantes, un total de 148, el ratio de agricultores por funcionario sería de 24. La mayoría del personal funcionarial lo es de las profesiones de veterinarios y agrónomos o agrícolas, así como personal administrativo y subalterno, aunque también hay plazas cubiertas por otras disciplinas como por ejemplo juristas. A esta carga funcionarial hay que sumar los del Instituto Tecnológico Agrario, los servicios centrales de la consejería de Agricultura en Valladolid, los de organismos como la Confederación Hidrográfica del Duero, los servicios centrales del Magrama, Diputación, o puestos de trabajo de Medio Ambiente centrados en labores relacionadas con agricultura y ganadería. En definitiva, con los funcionarios actuales ocupados en labores agroganaderas, a cada 30 agricultores (los profesionales más los que ejercen la actividad a tiempo parcial) le corresponde un funcionario del Estado o de la Comunidad Autónoma. Este ratio de funcionarios parece a todas luces excesivo en la era de las telecomunicaciones, donde los procedimientos administrativos son más sencillos, y cuando la propia administración ha derivado a la iniciativa privada los servicios de información, asesoramiento y tramitación de las ayudas. Destacar también que muchos servicios están subcontratados, como por ejemplo las campañas de saneamiento ganadero.
En este contexto, el problema de la función pública es que el trabajo está mal repartido, pues mientras existen departamentos y funcionarios que cumplen sobradamente con sus obligaciones, otros departamentos o funcionarios no disponen de carga de trabajo, o no quieren asumirla y se lo permiten, lo que provoca un retraso en las labores burocráticas de su cometido que repercuten en los administrados, en este caso en los agricultores y ganaderos. El sector agrario tampoco entiende que los servicios territoriales no tenga capacidad para exigir la movilidad de los empleados públicos dentro de áreas de un mismo centro de trabajo, lo que es más sangrante a la hora de ocupar los puestos de trabajo en los servicios periféricos, como son las Unidades Veterinarias o las Unidades de Desarrollo Agrario de las distintas comarcas. Por lo tanto, el sector agrario no demanda más funcionarios, no pide que se cubran las plazas vacantes, pide que racionalicen los medios existentes, que son suficientes.
Un debate importante, que no es ajeno a los intereses de los agricultores y ganaderos, pero un debate sin recorrido porque los políticos no tienen intención alguna de abordar una cuestión que tiene coste electoral y que además le toca en sus propias carnes, porque en política, por lo general, solamente hay dos situaciones laborales: políticos que son funcionarios en excedencia, y políticos sin otra profesión reconocida.
