El mismo día que la Comisión Europea presenta su brújula estratégica para la competitividad ha propuesto simultáneamente imponer aranceles a los fertilizantes rusos y bielorrusos, medida que afectará gravemente a la producción y la competitividad agrícolas, según denuncian el COPA, que agrupa a las organizaciones del sector (entre ellas, ASAJA) y la COGECA, que integra a las cooperativas agroganaderas de la UE. Sin una estrategia de diversificación clara, los agricultores europeos pronto se encontrarán ante una subida de los fertilizantes de al menos cuarenta o cuarenta y cinco euros por tonelada, nuevo torpedo en la línea de flotación de la rentabilidad de nuestras explotaciones agrarias.

Durante años Europa ha luchado contra una producción de fertilizantes insuficiente para satisfacer la demanda, lo que hace inevitables las importaciones. Esta situación no ha hecho más que empeorar tras el cierre de varias plantas de fertilizantes en los países miembros de la UE.

La implantación del Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) por parte de la UE también aumentará aún más los costos, tanto para la producción del territorio europeo como para los proveedores exteriores.

Entendemos la legitimidad de las razones geopolíticas que impulsaron a la Comisión Europea a actuar ante Rusia y Bielorrusia, pero el sector agrícola deberá afrontar las consecuencias económicas de estas decisiones.

Actualmente, los agricultores europeos no tienen garantías de que la escasez de fertilizantes se compensará con una mayor producción interior a precios competitivos, un argumento clave planteado por los partidarios de las sanciones propuestas. 

Las medidas harían subir los precios de los fertilizanres en al menos cuarenta o cuarenta y cinco euros por tonelada para la próxima campaña agrícola. Esto generaría una presión financiera adicional sobre las cuentas de las explotaciones agrícolas, que ya se enfrentan a un clima económico muy desafiante. Las consecuencias para la producción agrícola, la competitividad y los ingresos de los agricultores podrían ser catastróficas. 

La propuesta de la Comisión Europea se queda corta en muchos aspectos para las comunidades agrícolas de la UE, ya sea en relación con los aranceles muy elevados que se aplicarán a partir de julio de 2025, el enfoque gradual de las sanciones o las suspensiones temporales propuestas basadas en los precios de 2024, que ya eran más altos que los anteriores a la guerra.

Lo que es aún más preocupante es que la propuesta de la Comisión no incluye medidas a medio o largo plazo que ofrezcan perspectivas al sector, bien mediante la diversificación de las fuentes de suministro, bien con las siguientes medidas urgentes de mitigación:

  • Eliminar los derechos antidumping sobre las importaciones de urea, nitrato de amonio y mezclas de UAN originarias de Estados Unidos y Trinidad y Tobago.
  • Suspender los derechos convencionales a las importaciones de urea, UAN, DAP, MAP y NPK (códigos 3102 10, 3102 80, 3105 30, 3105 40 y 3105 20 de la nomenclatura arancelaria).
  • Conceder exenciones en virtud de la directiva sobre nitratos para permitir el uso de efluentes ganaderos transformados (RENURE – Nitrógeno recuperado de ManURE y determinados digestatos) más allá del límite actual de 170 kg N/hectárea.

Detrás de la complejidad de este expediente se esconde una cuestión fundamental: el futuro de la agricultura europea y la seguridad alimentaria de la Unión Europea. El COPA y la COGECA instan a los estados miembros y al Parlamento Europeo a abordar esta cuestión rápidamente. También contamos con el nuevo comisario de Agricultura, Christophe Hansen, para que afronte rápidamente este problema y encuentre soluciones concretas para evitar lo que ya puede estar perfilándose como una nueva crisis agrícola./