Castilla y León lleva tiempo reclamando un mayor protagonismo en el diseño de la política de seguros agrarios, que depende del Gobierno central. Desde ASAJA se ha insistido en numerosas ocasiones en que el peso de la comunidad autónoma en la contratación de seguros justifica que la voz de Castilla y León sea muy tenida en cuenta en este debate.

Con este objetivo, el pasado 27 de noviembre la Consejería, Agroseguro, las organizaciones profesionales agrarias y Enesa constituyeron un grupo de trabajo para avanzar en medidas de mejora en los seguros agrarios que supongan mayores garantías a los agricultores y ganaderos. La Consejería se ha comprometido a incrementar el presupuesto de apoyo a la contratación de seguros y también a trabajar para mejorar la baja contratación en algunas comarcas agrarias y potenciar líneas con baja implantación.

ASAJA considera que es importante “que avancemos hacia un seguro prácticamente universal, para lo que hay que seguir avanzando, tanto en la mejora de las coberturas y condiciones que ofrece como en que el precio sea asequible, justo lo contrario de lo ocurrido estas últimas, en las que se han resentido las coberturas y encima los precios son más altos”. Para Donaciano dujo, “estamos en un momento vital, porque el clima es más adverso y variable que nunca, y no puede concebirse el futuro del sector sin contar con un seguro potente, bien diseñado y bien financiado”.

Lo cierto es que la política de seguros agrarios es la herramienta más importante con la que se cuenta para minimizar los riesgos en el desarrollo de la actividad agraria, y más en los últimos tiempos en los que se está comprobando cómo los ciclos de afecciones meteorológicas, como sequía, helada o pedrisco, son cada vez más frecuentes.

El interés por el seguro agrario va en aumento en Castilla y León. En el periodo 2014 a 2018, el número de pólizas de seguros agrarios en la Comunidad ha pasado de 73.689 a 80.548, esto supone un incremento del 9,3%. El capital asegurado en este mismo periodo ha variado de 1.464 millones de euros a 1.969 millones de euros, es decir se ha incrementado un 34%, situándonos junto a Andalucía a la cabeza de las Comunidades Autónomas en capital asegurado. El aumento de la contratación ha supuesto también que la superficie asegurada haya pasado de 1.665.474 hectáreas a 1.927.288, y el número de animales de 21 millones a 26, valores que suponen crecimientos del 16% y del 24%, respectivamente.

Indemnizaciones crecientes

En el periodo 2014 a 2016, las indemnizaciones por siniestros en el sector agrario alcanzaron en Castilla y León los 97 millones de euros. Respecto a los siniestros declarados entre 2017 y lo que va de año en 2019, las indemnizaciones pagadas se han multiplicado por cuatro y ya han llegado a 400 millones de euros. Como media en los últimos años, el 35% de los siniestros son por sequía, seguido por el pedrisco, que supone el 33% y la helada que representa el 7%.

Los valores anteriores demuestran claramente lo que supone el seguro agrario para los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Estos ingresos, sin este sistema, no revertirían sobre ellos y provocaría por tanto un importante desequilibrio en la renta agraria.

 

 

 

 

 

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