Es oportuno volver a dar voz a una preocupación que escuchamos cada día en las explotaciones de nuestra
provincia: el campo no puede seguir soportando una carga burocrática cada vez más pesada, más compleja y, en demasiadas ocasiones, completamente alejada de la realidad de agricultores y ganaderos.

Los profesionales del sector agrario no pedimos privilegios. Pedimos poder trabajar. Pedimos que se nos permita dedicar más tiempo a sembrar, cuidar el ganado, mantener nuestras explotaciones, producir alimentos y sostener nuestros pueblos, y menos tiempo a rellenar formularios, repetir información que la Administración ya posee, interpretar normativas cambiantes o atender requerimientos que, en muchos casos, poco o nada aportan al interés general.

La burocracia se ha convertido en una enfermedad silenciosa del campo. No aparece en las cuentas de resultados como el coste del gasóleo, los fertilizantes o los piensos, pero también reduce la rentabilidad de las explotaciones. No es tan visible como una sequía o una enfermedad animal, pero desgasta, paraliza inversiones y desanima a quienes quieren incorporarse al sector. Cada trámite innecesario, cada duplicidad administrativa cada obligación desproporcionada son una piedra más en el camino de quienes mantienen viva la economía rural.

Por ello, consideramos urgente que las administraciones pasen de las palabras a los hechos. La simplificación administrativa no puede quedarse en un lema ni en una promesa recurrente. Debe traducirse en procedimientos más sencillos, plazos razonables, criterios claros, herramientas útiles y una eliminación real de las cargas innecesarias. La creación de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y la apuesta por la desregulación administrativa por parte de la Junta de Castilla y León son iniciativas que merecen una valoración positiva, siempre que vayan acompañadas de una capacidad real para revisar normas, eliminar trámites superfluos y poner orden en una maraña administrativa que hoy asfixia al sector agrario.

Ahora bien, cualquier proceso de desregulación debe construirse escuchando al campo. No basta con diseñar soluciones desde los despachos. Es imprescindible contar con quienes conocen los problemas de primera mano: agricultores, ganaderos, técnicos y organizaciones profesionales agrarias. Somos quienes convivimos diariamente con estas dificultades y quienes mejor sabemos qué trámites se repiten, qué controles carecen de utilidad práctica, qué plataformas no funcionan correctamente y qué obligaciones
se han convertido en un obstáculo para producir.

Reclamamos una revisión profunda de la normativa que afecta al sector, especialmente en materias como ayudas, sanidad animal, medio ambiente, registros, cuadernos digitales, permisos, movimientos de ganado y controles administrativos. Necesitamos normas claras, proporcionadas y aplicables. Queremos que se proteja al profesional que cumple con sus obligaciones, no que se le penalice con más papeleo.
Queremos una Administración que acompañe y facilite, no que añada nuevas cargas a quienes ya soportan suficientes dificultades.
El campo salmantino ha demostrado sobradamente su compromiso con la producción de alimentos, la conservación del territorio y el futuro de nuestros pueblos. Pero ese compromiso también merece respeto. Y respetar al sector agrario significa confiar en él, facilitar su trabajo y evitar que cada decisión cotidiana se convierta en una carrera de obstáculos administrativos.

Desde esta casa seguiremos denunciando esta situación con firmeza y defendiendo una Administración más ágil, más cercana y más sensata. Porque reducir burocracia no significa reducir garantías; significa eliminar lo innecesario para que lo verdaderamente importante funcione mejor.