Comenzamos el curso agrario con la vista puesta en una nueva sementera y con una preocupación que compartimos en cada pueblo y en cada explotación de nuestra provincia: la creciente inestabilidad internacional está golpeando de lleno al campo. Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de la energía y las alteraciones de los mercados mundiales vuelven a trasladar sus consecuencias al último eslabón de la cadena: el agricultor, que asume el riesgo y adelanta unos costes cada vez más difíciles de soportar.

Ahora toca preparar las tierras, realizar las labores, abonar y sembrar. Sin embargo, el gasóleo agrícola se encuentra en niveles extraordinariamente altos y los fertilizantes continúan encarecidos. Cada pasada del tractor y cada tonelada de abono aumentan una factura que debemos pagar antes de saber qué cosecha tendremos, qué tiempo nos acompañará o a qué precio podremos vender.

Frente a esta escalada, el cereal permanece en precios mínimos, sin reflejar ni el coste real de producirlo ni el esfuerzo de quienes lo cultivan. No aceptamos que unos grandes operadores internacionales, con capacidad para influir en los flujos comerciales y en la formación de los precios, mantengan el mercado presionado mientras nuestras explotaciones pierden margen y viabilidad. El agricultor no puede seguir comprándolo todo a precios altos y vendiendo su producción a precios bajos.

Desde ASAJA Salamanca exigimos respuestas firmes: medidas eficaces para aliviar el coste del gasóleo y de los fertilizantes, una vigilancia real de la cadena alimentaria, transparencia en la formación de los precios y reciprocidad para las importaciones que compiten con nuestras producciones. Las ayudas puntuales, como la partida de 150 millones de euros que sí ha puesto en marcha el Gobierno de España para los fertilizantes y a la que aún no se ha sumado la Junta de Castilla y León, pueden amortiguar una parte del golpe.

ASAJA ha insistido en la necesidad de que la Administración autonómica habilite otra partida similar. Sin embargo, estas medidas no sustituyen una política agraria que garantice rentabilidad, estabilidad y futuro. Sabemos que muchas decisiones de siembra se están tomando con enorme prudencia y con las cuentas al límite. Por eso, seguiremos defendiendo la supervivencia del campo ante todas las administraciones y denunciando cualquier desequilibrio que ponga en peligro la continuidad de las explotaciones. Nuestro sector es estratégico: produce alimentos, sostiene el empleo y mantiene vivos nuestros pueblos. No puede quedar a merced de la especulación ni de decisiones tomadas a miles de kilómetros.