La Organización Agraria llegará hasta el final para que los remolacheros reciban las ayudas que le reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

   ASAJA se muestra sorprendida y critica la pretensión de la Junta de Castilla y León de no abonar la ayuda de los 3 euros por tonelada de remolacha, y recuerda que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obliga a la Junta a resolver la ayuda convocada y suprimida de forma unilateral en 2012. Por eso rechaza la maniobra de la Administración Regional pretende realizar para esquivar sus obligaciones, en este caso impuestas por un juez, en un intento de burlar a la Justicia.

  Las sentencias son claras y contundentes con el proceder que debe realizar la Junta tras la sentencia del TSJCyL.

"lo que procede es que los órganos competentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería tramiten la solicitud del aquí demandante ultimando el correspondiente procedimiento, comprobando si el mismo reúne o no los requisitos exigidos para ostentar la cualidad de beneficiario, y señalando, en su caso, el importe de la ayuda que le corresponda para la campaña agrícola 2011/2012".

  La misma sentencia también deja bien claro que la Junta de Castilla y León ya vulneró el derecho de los agricultores al suprimir la ayuda de forma unilateral:

"no puede entenderse que la supresión de la referida convocatoria se ha realizado en forma ajustada a Derecho, por cuanto se están vulnerando los derechos de los partícipes de dicha convocatoria"

  Para los servicios jurídicos de la organización profesional agraria la interpretación que hace la Consejería de Agricultura y Ganadería del fallo es, cuanto menos, parcial porque el TSJCyL obliga a resolver esta convocatoria de ayudas y, por tanto, su consecuencia es que la Junta abone la ayuda a quienes tengan derecho a recibirla.

  Todos, particulares, empresas o administraciones, debemos acatar las sentencias de los tribunales de Justicia y actuar en consecuencia. Por ese motivo, sorprende que una Administración Pública diga públicamente que no piensa cumplir una sentencia del TSJ, cuando lo que corresponde en este caso,  es que la Junta actúe con responsabilidad, resuelva la convocatoria de ayudas y después abone los 3 euros por tonelada a los remolacheros demandantes que tengan derecho a recibir esta ayuda según los requisitos establecidos.

  Por ese motivo, apelamos al sentido común y al buen ejemplo que deben dar nuestros representantes políticos, para acatar la sentencia y no dilatar en el tiempo su cumplimiento.

  ASAJA, en su compromiso con los agricultores afectados, llevará el caso a sus últimas consecuencias para que finalmente se haga justicia con los remolacheros, que bastante perjuicio han tenido ya.