Un año más, cuando llega el verano, volvemos a mirar al monte con preocupación, impotencia y tristeza. Los incendios forestales se repiten campaña tras campaña y, lejos de reducirse, cada vez son más frecuentes, más virulentos y más difíciles de controlar. No estamos ante una fatalidad inevitable ni ante un problema que pueda explicarse con una sola causa. Estamos ante la consecuencia de años de abandono, de falta de gestión real del territorio y de políticas diseñadas, muchas veces, desde despachos lejanos por quienes no viven ni trabajan en el medio rural.

Llevamos mucho tiempo advirtiendo de que un monte abandonado es un monte vulnerable. Cuando se impide o se complica la actividad agraria, cuando se limita el aprovechamiento forestal, cuando se llenan los espacios naturales de prohibiciones y trámites, y cuando se expulsa de la gestión a quienes conocen cada camino, cada pasto y cada ladera, el resultado es evidente: más combustible acumulado, más riesgo y un fuego incontrolable cuando este llega, que, a buen seguro, llegará, como ha sucedido siempre.

La solución no pasa por señalar al agricultor, al ganadero o al propietario forestal como sospechosos permanentes, sino por reconocerlos como parte imprescindible de la prevención. La ganadería limpia el monte, la agricultura conserva las tierras limpias, los cortacinos arreglan los árboles, los apicultores mejoran la polinización de las plantas y, todos juntos, mantienen abiertos los caminos, fijan población y conservan un paisaje vivo y productivo. Las explotaciones agrarias y forestales no son enemigas de la naturaleza; son, siempre, su mejor garantía de equilibrio.

Por eso resulta profundamente preocupante que las políticas europeas del llamado Pacto Verde se hayan aplicado, en demasiadas ocasiones, con una visión ideológica y alejada de la realidad del campo. Se habla mucho de biodiversidad, de restauración y de emergencia climática, pero se escucha muy poco a quienes se levantan cada mañana para producir alimentos, cuidar animales y mantener vivo el territorio. No puede construirse una política medioambiental eficaz contra el mundo rural ni a espaldas de quienes lo sostienen.

En España hemos sufrido durante años políticas influenciadas por lobbies ecologistas de sofá, más interesados en imponer consignas que en ofrecer soluciones prácticas. Desde la comodidad de la ciudad se dictan normas que luego pagan los pueblos: más burocracia, más restricciones, menos actividad económica y menos gente viviendo en el territorio. Y, cuando el monte arde, entonces se descubre que, sin agricultores, sin ganaderos, sin resineros, sin propietarios y sin vecinos, no hay prevención posible.

En este contexto, la propuesta del Gobierno de España de crear un comité o panel científico para afrontar lo que denomina emergencia climática puede sonar bien en los titulares, pero será insuficiente si vuelve a excluir a quienes conocen el terreno. La ciencia es necesaria, por supuesto, pero no puede convertirse en una coartada para ignorar la experiencia acumulada durante generaciones en nuestros pueblos. Los informes técnicos deben complementarse con conocimiento práctico, con sentido común, con gestión diaria y con la voz de las organizaciones agrarias.

Exigimos, por tanto, que cualquier estrategia seria frente a los incendios cuente con las organizaciones agrarias y, de manera especial, con las personas del mundo rural. No queremos ser invitados de piedra ni simples destinatarios de normas ya decididas. Queremos participar desde el principio en el diseño de las políticas forestales, ambientales y de prevención, porque somos quienes conocemos los problemas y también quienes podemos aportar soluciones reales.

Gestionar los montes no es abandonarlos a su suerte ni convertirlos en museos intocables. Gestionar es limpiar, pastorear, aprovechar, ordenar, invertir, mantener infraestructuras, facilitar la actividad económica y hacer posible que haya vida en los pueblos. La prevención no empieza cuando aparece la llama; empieza durante todo el año, con políticas que permitan trabajar el territorio y no que lo condenen al abandono.

Desde ASAJA Salamanca seguiremos defendiendo una gestión activa, sensata y realista de nuestros montes. Reclamamos menos propaganda y más escucha; menos imposiciones y más colaboración; menos burocracia y más apoyo a quienes viven y trabajan en el campo. Es urgente un cambio de rumbo, porque revertir lo que se lleva desmantelando durante medio siglo requiere compromisos serios. Para ello, es necesario reconocer que los planteamientos seguidos hasta ahora han sido equivocados. Porque, si queremos proteger nuestros montes, nuestros pueblos y nuestro futuro, hay que empezar por respetar al mundo rural.