Desde estas líneas, en el momento en que las escribo y confiando en que, a la hora de su publicación, esta circunstancia esté solucionada, quiero denunciar con absoluta claridad la actitud irresponsable de algunos gobiernos autonómicos y fuerzas políticas que, lejos de asumir su deber institucional, mantienen bloqueada o demorada la constitución de ejecutivos autonómicos a la espera de lo que ocurra en otros territorios. En una comunidad como Castilla y León, donde el medio rural, la agricultura y la ganadería sostienen una parte esencial de la economía, del empleo y de la cohesión territorial, esta conducta no solo erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sino que evidencia un desprecio inadmisible por los problemas reales de la sociedad y por quienes viven y trabajan en el campo.

Para el sector agrario, esta incertidumbre política no es una anécdota ni un simple retraso administrativo: es un perjuicio grave y directo. Agricultores y ganaderos no pueden seguir soportando meses de indefinición mientras se paralizan decisiones sobre ayudas, simplificación administrativa, sanidad animal, infraestructuras hidráulicas, seguros agrarios o medidas urgentes frente al incremento de los costes de producción. El campo no puede quedar secuestrado por cálculos electorales, chantajes entre partidos o maniobras de despacho. El campo exige decisiones, estabilidad y gobiernos que trabajen, no responsables públicos instalados en la comodidad de la espera.

Resulta intolerable que, tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026, la constitución de gobiernos pueda quedar supeditada al calendario o a los intereses electorales de otras comunidades, como si los ciudadanos de cada territorio fueran piezas intercambiables en una operación de estrategia nacional. Castilla y León acudió a las urnas para renovar sus Cortes y abrir una nueva etapa política, no para quedar atrapada en una espera calculada al dictado de conveniencias ajenas. Cada parlamento autonómico emana de la voluntad soberana de sus votantes, y retrasar su traducción en un gobierno efectivo constituye una falta de respeto democrática que degrada las instituciones y desacredita a quienes la consienten.

Desde el medio rural contemplamos esta falta de diligencia con hartazgo e indignación. España no puede permitirse autonomías en funciones, pactos eternamente aplazados ni dirigentes más pendientes de la aritmética partidista que de sus obligaciones. Mientras algunos juegan a medir fuerzas, en nuestros pueblos se acumulan los problemas que afectan al empleo, a la producción de alimentos, al relevo generacional y a la supervivencia misma de la actividad agraria. El campo necesita gobiernos constituidos, interlocutores claros y políticas activas de inmediato; todo lo demás es abandono institucional disfrazado de estrategia.

Por todo ello, exigimos a los responsables políticos que dejen de especular, abandonen de una vez la táctica partidista y procedan, sin más excusas ni dilaciones, a constituir los gobiernos autonómicos allí donde corresponda. La ciudadanía, y muy especialmente quienes sostienen la actividad económica en el medio rural, merecen seriedad, certidumbre y capacidad de gestión, no maniobras calculadas ni bloqueos interesados. Retrasar la acción de gobierno por pura conveniencia política es una irresponsabilidad inaceptable y una deslealtad hacia España que no debería quedar impune en términos políticos.