La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ya ha remitido al Consejo Económico y Social (CES), para que elabore su informe, el anteproyecto de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas que acompaña al presupuesto de la administración autonómica para 2024. El anteproyecto prevé algunos avances en la fiscalidad para el medio rural, a fin de atraer y fijar población en estas áreas de la región.

La Junta ha anunciado que ampliará a todos los profesionales cotizantes a la Seguridad Social por su actividad agraria la bonificación de la cuota sobre transmisiones Patrimoniales por arrendamiento de fincas rústicas. Responde así a una petición formulada por ASAJA para simplificar y ampliar esta medida a todo el sector, dado que hasta ahora solo cubría explotaciones prioritarias, condición además más gravosa de demostrar.

Este beneficio fiscal busca favorecer la continuidad de las explotaciones agrarias mediante la bonificación del 100 % en la cuota del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas por arrendamiento de fincas rústicas. Con este cambio se extiende la rebaja fiscal a todos los agricultores en situación de alta en la Seguridad Social y a todo tipo de explotaciones, no solo las prioritarias.

Este cambio está contenido en el anteproyecto de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas que acompaña al presupuesto de la administración autonómica para 2024. Otra medida que incluirá la Junta está dirigida a favorecer la actividad industrial de autónomos y empresas mediante la reducción de la mitad del pago por las operaciones que se formalicen en escritura pública en el medio urbano y rural sobre suelo industrial y terciario (agrupación, agregación, segregación y división de parcelas).

Otra medida con repercusión en el medio rural es la ampliación de la deducción incrementada por nacimiento o adopción hasta el 40% a los residentes en entidades locales menores de 5.000 habitantes aunque pertenezcan a municipios de más de 5.000 habitantes (son unas ciento treinta entidades locales menores de Castilla y León).