ASAJA Castilla y León, COAG Castilla y León y UPA Castilla y León han registrado en las últimas horas ante los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica, así como en las consejerías de Agricultura y la de Medio Ambiente, un documento común en el que reclamamos la defensa de los terrenos productivos de la región para uso agrario, y pedimos que desde las administraciones competentes se detenga el afán de determinadas empresas privadas por instalar macroplantas generadoras de electricidad en superficies agrícolas, ganaderas y de pastos.
Las tres organizaciones agrarias reclamamos una normativa específica que recoja la opción de la implantación de placas fotovoltaicas o solares, incluidas las infraestructuras de evacuación de la energía solar o eólica, exclusivamente en terrenos no aprovechables para la producción agraria.
Al respecto, ASAJA, COAG y UPA en Castilla y León consideramos que las administraciones competentes en la gestión del territorio no pueden cruzarse de brazos y dejar que intereses económicos, en muchos casos ajenos a nuestra comunidad autónoma, prevalezcan sobre la soberanía alimentaria y busquen en terrenos agrícolas y ganaderos la superficie ideal, según sus intereses, para instalar placas fotovoltaicas o los destrocen atravesándolos con las líneas de evacuación.
En el documento firmado por las tres Opas reclamamos tanto al Gobierno central como a la Junta de Castilla y León “que sean especialmente contundentes en no permitir que la instalación de parques de energía fotovoltaica se haga de cualquier manera y en cualquier zona. No es razonable que habiendo tanta superficie en nuestra comunidad autónoma las administraciones y los empresarios privados se fijen, por ejemplo, en zonas tradicionales de cultivo, en terrenos de transformación en regadíos, en pujantes tierras productivas o en terrenos muy útiles desde el punto de vista agronómico”.
Apelamos al sentido de la responsabilidad de los dirigentes políticos para que tengan en cuenta que el suelo productor de alimentos está limitado, y que debe ser un patrimonio a defender con todas las herramientas al alcance de la sociedad estableciendo incluso medidas legislativas para preservarlo.
