La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila denuncia la insostenible situación que atraviesan los ganaderos de la provincia abulense, que sufren a diario los ataques del lobo a sus explotaciones y, además, la total desatención y ausencia de compromiso por parte de la Junta de Castilla y León, que no ha abonado aún ninguna de las indemnizaciones por los daños ocasionados por los cánidos durante 2015 y tampoco adopta las prometidas medidas de control poblacional de esta especie salvaje.

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila denuncia la insostenible situación que atraviesan los ganaderos de la provincia abulense, que sufren a diario los ataques del lobo a sus explotaciones y, además, la total desatención y ausencia de compromiso por parte de la Junta de Castilla y León, que no ha abonado aún ninguna de las indemnizaciones por los daños ocasionados por los cánidos durante 2015 y tampoco adopta las prometidas medidas de control poblacional de esta especie salvaje.
Para ASAJA, la situación de la ganadería en la provincia es crítica. Los ganaderos están haciendo frente a multitud de problemas, comenzando por la reducción de los coeficientes de admisibilidad de pastos y siguiendo por el saneamiento ganadero, a los que se suma la morosidad de la administración regional a la hora de indemnizarlos por las pérdidas que ocasiona el lobo por la muerte de reses o por los animales que deja malheridos. Ningún ganadero que ha declarado ataques en 2015 ha cobrado aún de la Junta. Y hay algunos que acumulan retrasos de dos años.
Mientras tanto, la Junta de Castilla y León, que recientemente se comprometió a revisar el Plan de Gestión del Lobo, mira hacia otro lado y solo da largas a las organizaciones agrarias, que desde el pasado año vienen alertando del fuerte incremento tanto en el número de ataques como de animales muertos o heridos en la provincia, así como la expansión del territorio de caza de los cánidos, que ya han rebasado los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos.
ASAJA señala que 2015 ha sido un año catastrófico para la ganadería abulense y 2016 va camino de ser otro año negro si la Junta de Castilla y León no se decide de forma inmediata por proteger la actividad ganadera, que sustenta la economía y la población de nuestros municipios en las zonas rurales.