La Comisión Europea (CE) publica hoy 25 de marzo el Reglamento por el que se autoriza a los Estados miembros a establecer excepciones a las condiciones relativas al pago de ecologización, incluido el uso de productos fitosanitarios, para el año de solicitud 2022, es decir, la campaña en curso. Dada la urgencia de esta medida, se espera que su aplicación en España se apruebe en el próximo Consejo de Ministros, el martes 29.

De este modo, Bruselas da el visto bueno a que los agricultores puedan aumentar en 2022 sus siembras en tierras que en principio debían reservarse a barbecho y superficies de interés ecológico (SIE), a pesar de que dichas tierras hayan servido para el pastoreo, hayan sido cosechadas con fines de producción o hayan sido cultivadas.

Según se recoge en el documento firmado por el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowsk, y publicado hoy en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), el pasado 24 de febrero la invasión rusa de Ucrania provocó un fuerte aumento de los precios de las materias primas y repercutió en la oferta y la demanda de productos agrícolas. Para hacer frente a esta situación, el Ejecutivo comunitario ha considerado que debe aumentarse el potencial de producción agrícola de la Unión tanto para el suministro de alimentos como para el de piensos, precisando que las excepciones deben limitarse al año de solicitud 2022.

La normativa explica que las tierras en barbecho siguen siendo tierras cultivables aptas para la producción vegetal que, aunque en distintos grados en función de sus condiciones, como la calidad del suelo, podrían utilizarse inmediatamente para producir alimentos y piensos.

La Comisión autoriza a los Estados miembros a establecer excepciones a las condiciones relativas al pago de ecologización, incluido el uso de productos fitosanitarios, para el año de solicitud 2022 en lo que atañe a las tierras en barbecho que hayan sido declaradas conformes con los requisitos de diversificación de cultivos o SIE.

Para que la Comisión pueda supervisar cómo se aplican estas excepciones previstas, así como su repercusión, los países comunitarios deberán facilitar información precisa del número de explotaciones y hectáreas a las que se aplican las excepciones, a más tardar el 15 de diciembre de 2022.