Si la niebla se disipa, en estas semanas el campo de Castilla y León irá concluyendo las labores de recolección de cultivos de regadío, como la remolacha y el maíz, y retomará las labores de la próxima campaña agrícola.
EL CONSENTIDO MONOPOLIO DE LOS FERTILIZANTES
Si la niebla se disipa, en estas semanas el campo de Castilla y León irá concluyendo las labores de recolección de cultivos de regadío, como la remolacha y el maíz, y retomará las labores de la próxima campaña agrícola. Es tiempo de preparar el terreno, haciendo acopio de abonos, principalmente nitrogenados, para alimentar las tierras sembradas en otoño, y tiempo de fertilizar las fincas que se dedicarán a cultivos de primavera.
El abono es un coste principal para el agricultor. Nutrir una hectárea de secano tiene un coste medio de 200 euros; si es en regadío, casi 600. Una explotación de 150 hectáreas de cereal, por poner un ejemplo, tiene que asumir un gasto de unos 30.000 euros en abonos. Eso, multiplicado por toda la superficie cultivable, es un montante económico descomunal. Lo saben bien las multinacionales que operan en este sector, que por sistema aguardan los picos de demanda para restringir la oferta y aplicar subidas de 3 o 4 céntimos por kilo, que podría parecer poco dinero, pero multiplique usted y verá las barbaridades que supone para cada explotación y para el campo de Castilla y León en su conjunto.
Hasta no hace tantos años, las cotizaciones del fertilizante se resentían de las subidas y bajadas del barril de Brent, puesto que el precio del petróleo está directamente vinculado al de la urea o del fosfato. En estos tiempos, en los que el petróleo está por debajo de los 50 dólares, en los precios más bajos desde 2009, este descenso debería en teoría enfriar los precios de los abonos. Pero no. En las últimas campañas las empresas de fertilizantes, prácticamente un monopolio con la cabeza visible de Fertiberia al frente, “pasan” de cualquier lógica económica o productiva y aplican sibilinamente las subidas en los momentos en los que el agricultor demanda el producto.
Engordan precios y, además, aprietan tuercas al sector limitando el abono disponible, como ya denunciamos desde ASAJA la campaña pasada, en la que escaseó el nitrogenado. Se desabastece el mercado, se fijan precios abusivos, por supuesto se bloquea cualquier posibilidad de que entre abono de fuera. Todo por el artículo 33. Los agricultores se indignan, ASAJA se indigna. Pero eso no basta. Quien debería vigilar estas prácticas abusivas, controlarlas y si no tiene los mecanismos para hacerlo, dotarse de ellos, son el Tribunal de Competencia, el Ministerio de Agricultura y la propia Consejería. Porque está claro que las compañías de fertilizantes engordan su cuenta de beneficios a costa de subir la factura al agricultor, básicamente porque les da la gana y encima les dejan.
* Artículo de opinión de Donaciano Dujo publicado en el suplemento Mundo Agrario de El Mundo de Castilla y León, el jueves 15 de enero de 2015.
