El PDR

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El pasado martes se aprobó por parte del Comité de Seguimiento el informe del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 ejecutado por la consejería de Agricultura. Mil ochocientos treinta y nueve millones de euros de gasto público es una cantidad respetable, pero considerablemente menguada teniendo en cuenta que lo que iba a ser para seis años se repartió entre ocho.

El PDR

El pasado martes se aprobó por parte del Comité de Seguimiento el informe del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 ejecutado por la consejería de Agricultura. Mil ochocientos treinta y nueve millones de euros de gasto público es una cantidad respetable, pero considerablemente menguada teniendo en cuenta que lo que iba a ser para seis años se repartió entre ocho. El flujo económico también tiene lo suyo, pues con este plan se pagó una parte considerable del anterior, el 2000-2006, y de este se han pagado también varias decenas de millones de euros con cargo al actual, el 2015-2020. Por el medio podernos recordar los retrasos en el pago de miles de expedientes comprometidos, y el recorte de fondos del Estado y de Castilla y León al pillarnos en plena crisis económica. Es una reivindicación constante del sector que estos programas se ejecuten en los plazos previstos, sin hacer uso y abuso de las prórrogas, que los expedientes se resuelvan de forma rápida y sencilla, y que el dinero llegue a los beneficiarios en un plazo corto de tiempo una vez presentada la certificación. Porque, estas ayudas al desarrollo rural, son fundamentales para apostar por la competitividad de nuestro sector primario, una competitividad que es más importante que nunca ahora que está contrastado y reconocido que nuestra industria agroalimentaria tiene grandes capacidades para salir a los mercados exteriores. A estas ayudas tenemos confiada la incorporación de jóvenes, la modernización de explotaciones, las concentraciones parcelarias, y los nuevos regadíos, por poner algunos ejemplos. Y también, está confiada a ellos toda la política forestal y medioambiental, la modernización de la industria agroalimentaria, y la creación de empleo a través de los grupos de acción local. Estos apoyos, que en su mayoría llegan de Bruselas, dan margen a los países y regiones para hacer política agraria, y es ahí donde Castilla y León tiene que definir qué es lo que más conviene en cada momento y ejecutarlo con esta herramienta financiera, porque, no nos engañemos, aquí están la práctica totalidad de los recursos que llegan al campo. Esto y las ayudas directa, no hay más.

Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicado en La Nueva Crónica del viernes 24 de junio de 2016.

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