La Confederación Hidrográfica del Duero está inmersa en un proceso de consultas públicas previas a la presentación y aprobación de lo que será el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero para el periodo 2021/2027. A nadie se le escapa que esta importante normativa sobre el uso y gestión de las masas del agua, incluyendo sobre todo nuestros ríos y su aprovechamiento para el regadío, es de capital importancia para una provincia como la nuestra. Nuestra agricultura se sustenta en el agua de riego, de ella depende gran parte de lo que sembramos y recogemos, de ella depende buena parte de nuestra economía y gracias a ella aun se mantienen vivos muchos de nuestros pueblos. El nuevo Plan determinará los caudales ecológicos que están limitando las posibilidades de riego en ríos no regulados como el Duerna, el Eria o el Torío, y tendrá la contestación de las grandes comunidades de regantes si se empeñan en fijar caudales máximos en verano. Una mayor restricción al uso de los abonos por su efecto en la contaminación de las aguas por nitratos, supondrá encarecimiento en los costes de producción o menores rendimientos, y en todo caso una nueva vuelta de tuerca sobre la legislación que ya aplica Medio Ambiente. De una manera u otra marcará el ritmo de la modernización de regadíos, del desarrollo de los nuevos regadíos, y de las posibilidades de aumentar la capacidad del recurso por la vía de ejecutar nuevas infraestructuras. El nuevo Plan determinará o deberá de determinar las relaciones del usuario con la Confederación como organismo administrativo que resuelve o no expedientes y cobra por ello, y fijará la contribución de los usuarios a sufragar los costes del agua. La provincia de León también se juega mucho en materia de depuración de aguas residuales urbanas, en materia de aprovechamiento del dominio público hidráulico (plantación de choperas), y de gestión de las inundaciones y de los periodos de sequía. En definitiva, el nuevo Plan va a tener consecuencias económicas y sociales muy importantes para nuestra provincia, sobre todo vinculadas al sector primario, lo que obliga a tener alta la guardia.
*Artículo de opinión de José Antonio Turrado publicado en La Nueva Crónica del viernes 18 de octubre de 2020