Celedonio Sanz Gil. Periodista analista agrario
El sector agrario despide 2025 como empezó: protestando en la calle, frente a las sedes de las instituciones de Gobierno, ya sea en Bruselas, Madrid o Valladolid. Entre medias, meses de buenas cosechas y bajos precios, nuevas subidas de los costes de producción, junto a la continua amenaza de enfermedades en el sector ganadero y las perspectivas de nuevos recortes presupuestarios en la Política Agraria Común a partir de 2027. Las expectativas para 2026 no son mejores, a las protestas no les hacen mucho caso, para los agricultores y ganaderos será un nuevo año de resistencia, buscando todos los huecos posibles para sacar alguna rentabilidad a sus explotaciones. Sin otro recurso más allá del pataleo.
En el panorama de la Unión Europea hay dos movimientos que han despertado un clamor unánime de repulsa en el sector agrario de todos los países miembros.
Por un lado, esas líneas maestras del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE, dadas a conocer por el Colegio de Comisarios, que advierten que será necesario aumentar el gasto en defensa en la próxima década y, para ello, recortar el dinero destinado a la PAC. Algo que el campo europeo no se puede permitir.
Por otro, la firma del acuerdo comercial con Mercosur, que engloba a las principales naciones del Sur de América, que, de momento, se ha pospuesto hasta principios del próximo año por la fuerte contestación, sobre todo en Francia e Italia. Para el sector agroalimentario supondría, básicamente, eliminar los aranceles al 93 por ciento de las exportaciones de la UE y liberalizar en un 82 por ciento las importaciones de países como Brasil o Argentina, con diversas cláusulas de salvaguardia para unos y otros.
El campo comunitario necesita que la UE avance en tres líneas básicas que han quedado muy claras en todos los manifiestos emitidos por las organizaciones convocantes en las diversas protestas llevadas a cabo en el último año. Es necesario que la PAC cuente con mecanismo de renovación sólido y una financiación adecuada más allá de ese 2027. Al mismo tiempo, hay que avanzar en una simplificación real de todos sus requisitos, elevando la seguridad jurídica y mejorando esa regulación eco represiva que sigue marcando el paso en la legislación comunitaria.
Junto a ello, hay que propiciar un comercio internacional justo y transparente, que proteja de manera eficaz las normas productivas de la UE y mejore la competitividad de los sectores más sensibles y de organizaciones tradicionales como la agricultura familiar. Además, con la aplicación de esas cláusulas espejo que garanticen un escenario en igualdad de condiciones para los productores de los diversos países.
Todo esto no deja de ser una “desiderata” que no sirve de nada al agricultor que ha sembrado el cereal como ha podido, tras sufrir los precios de la campaña anterior en niveles de los años setenta del siglo pasado. Un agricultor que ha tenido que invertir lo mínimo imprescindible porque las cuentas no salen, que solo se plantea un abonado o la aplicación de fitosanitarios en niveles de emergencia, siendo consciente de que no suplementar los nutrientes necesarios compromete la calidad del suelo y las futuras cosechas. Y todo ello, sabiendo que en julio se renovó el acuerdo con Ucrania y el mercado español volverá a llenarse de grano barato, sin importar su calidad.
Sabiendo, además, que al resto de la sociedad el campo no le interesa mucho. Un ciudadano normal no siente que se esté jugando su alimentación porque las explotaciones agrarias tengan pérdidas, o porque no haya un relevo generacional. El consumidor sigue viendo los lineales de los supermercados llenos de productos fuera de temporada y no le importa mucho de dónde vienen. Si el acuerdo con Mercosur bajara los precios hasta lo recibirían con alegría.
Al ciudadano, entre otras cosas, le han vendido que hay que comer menos carne, que las gallinas deben pasear a su antojo y hay que registrarlas a todas. Luego, que suben los precios de la cesta de la compra, que todo está por las nubes, pero sigue sin saberse quién se lleva el dinero. Lo único que está claro es que los productores no.
La Comisión Europea ha dado marcha atrás en las obligaciones ecológicas en el sector del automóvil. Seguirán fabricando coches no eléctricos más allá de 2035. La industria automovilística tiene mucho más poder que el campo. En el sector agrario lo que se denomina ‘agenda verde’ sigue para adelante, con los burócratas de Bruselas subidos en su machito sin querer rebajarse a ver la realidad.
Por eso, es fácil vaticinar que en este 2026 que ahora empieza las cosas en el campo no irán a mejor.
