El RD 684/2026, que está en vigor desde finales de agosto y modifica la normativa sobre el potencial de producción vitícola para adaptarla a los últimos cambios aprobados por la Unión Europea y dar una mayor flexibilidad al sector vitivinícola, introduce un cambio importante en una de las reglas fundamentales vigentes desde 2016, y que responde a las dificultades actuales del mercado de la uva.
Hasta ahora, cada año el ministerio ha determinado qué superficie puede destinarse a nuevas plantaciones, dentro del límite máximo europeo del 1 % del viñedo existente. La legislación española obligaba a que ese crecimiento fuese superior al 0 %. Esa exigencia desaparece, de manera que podrá decidirse que determinadas zonas no reciban nuevas autorizaciones cuando la situación del mercado o el riesgo de exceso de capacidad así lo aconsejen.
Así, se plantea un cambio de orientación: la normativa comienza a ofrecer instrumentos para decidir cuándo resulta conveniente que la superficie permanezca estable o incluso disminuya.
La superficie vitícola nacional lleva años descendiendo, aunque Castilla y León constituye una de las excepciones en las que ha seguido subiendo: en concreto, pasa de 64.473 ha en 2016 a 81.035 ha de viñedo de transformación en 2025. Con el 9,1% de la superficie nacional, Castilla y León se sitúa como segunda comunidad vitivinícola, solo por detrás de Castilla-La Mancha (422.391 ha y 47,5%).
