Estos días se celebra en Ciudad Real el VI Congreso Ibérico Agropecuario y Forestal, que organiza cada año ASAJA con la Confederación de Agricultores de Portugal (CAP). En el encuentro, cuyo lema es “Península Ibérica: construyendo un camino juntos”, participan representantes del sector y de las administraciones de ambos países para analizar los principales desafíos que condicionan el presente y el futuro de la agricultura, la ganadería y el medio rural. En especial preocupa el impacto del nuevo escenario geopolítico, y la necesidad de que la UE reconozca al sector agroalimentario europeo como estratégico. El comisario de Agricultura, Christophe Hansen, ha participado online en el congreso, y ha aportado su reflexión sobre los retos de la agricultura y su competitividad.


Durante las dos jornadas se están abordando cuestiones clave como la competitividad del sector agroalimentario, la innovación, los insumos, la sanidad ganadera, la cadena alimentaria, el comercio internacional, la fiscalidad, el empleo y la inmigración, así como el futuro de la PAC 2028-2034 y la gestión de los riesgos de incendios forestales. En concreto, se constata que el problema de la falta de mano de obra es compartido en toda la península ibérica, por lo que es necesario buscar soluciones a largo plazo.
Por parte de Castilla y León, participa una delegación de representantes de la organización de varias provincias, encabezada por el presidente regional, Donaciano Dujo.

Declaración de Ciudad Real

En el marco del Congreso, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Confederación de Agricultores de Portugal (CAP) han firmado este viernes, 25 de septiembre, la Declaración de Ciudad Real, un documento conjunto que compromete a ambas organizaciones a defender una posición ibérica común ante las instituciones europeas siempre que estén en juego intereses estratégicos de la agricultura, la ganadería, el sector forestal y el mundo rural.

«La agricultura no conoce las fronteras políticas que dividen la Península Ibérica», señala el texto: «los mercados son comunes, los recursos hídricos son interdependientes, los incendios no respetan fronteras y las decisiones fundamentales se toman cada vez más a nivel europeo». Por ello, ambas organizaciones se comprometen a coordinar posiciones, compartir información técnica y actuar conjuntamente en Bruselas.

Seis frentes comunes

  • Costes de producción, energía y fertilizantes. CAP y ASAJA reclaman eliminar el régimen de comercio de emisiones (ETS) para la industria europea de fertilizantes y suprimir el mecanismo de ajuste en frontera (CBAM) en los sectores que acaben trasladando costes a las explotaciones. «La seguridad alimentaria empieza por la capacidad de producir».
  • Presupuesto europeo y PAC. Se defiende una PAC fuerte, autónoma, bien financiada y verdaderamente común, con dos pilares y presupuesto propio, frente a un fondo único en el que la agricultura competiría con el resto de prioridades europeas, y exigen una simplificación administrativa real.
  • Agua. Se propone una Estrategia Ibérica del Agua cofinanciada con fondos europeos y concebida como proyecto piloto de adaptación climática para toda la UE, con inversión en almacenamiento, modernización de regadíos, reutilización y recarga de acuíferos. «El agua que hoy llega al mar sin capacidad de regulación es una oportunidad perdida».
  • Incendios rurales. CAP y ASAJA piden pasar de la extinción a la prevención mediante la gestión activa del territorio y reclaman instrumentos financieros europeos específicos, adicionales al presupuesto de la PAC. «El agricultor debe ser reconocido como agente de prevención, y no solo como víctima de los incendios».
  • Mano de obra y relevo generacional. Se defiende una política basada en entrada legal, contratación regular e integración, junto a programas de inserción para desempleados de larga duración, refuerzo de la formación profesional agraria y medidas de incorporación de jóvenes.
  • Agricultura productiva y cohesión territorial. Ambas organizaciones reivindican la preferencia comunitaria y la reciprocidad en los acuerdos comerciales y sitúan el mantenimiento de explotaciones viables como la primera política de desarrollo rural y de lucha contra la despoblación.

El documento concluye con un llamamiento directo a los Gobiernos de España y Portugal: «si las organizaciones agrarias de los dos países son capaces de sentarse a la misma mesa, también los Gobiernos deben serlo».