La preocupación es máxima entre los productores. Es urgente que las Administraciones deben clarificar y velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria.

La sectorial vitivinícola de ASAJA se ha reunido de urgencia esta semana en Madrid para analizar la grave situación que se vive en estos inicios de vendimia ante la alarmante caída de los precios de la uva. Desde ASAJA se reclama responsabilidad, tanto a las bodegas como al resto agentes implicados en las operaciones de compraventa, y máxima diligencia por parte de las administraciones a la hora de velar por el cumplimiento de los contratos para que los precios de venta se sitúen por encima de los costes de producción, como recoge la Ley de la Cadena Alimentaria.  

El clima de preocupación es común en todas las zonas productoras, desde La Rioja hasta Murcia pasando por Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra o Castilla y León. Con una cosecha menor de lo esperado y que oscilará entre los 41 y 43 millones de hectólitros (en línea con la media de las últimas cinco campañas) los productores no ven razones objetivas que justifiquen el hundimiento de precios de uva que se está produciendo. Los precios en tablilla en Castilla-La Mancha, en volumen la principal zona productora de España, han caído de media un 30 por ciento respecto al año pasado.

Existen numerosos estudios sobre los costes de producción en este sector elaborados por administraciones autonómicas, y otros organismos oficiales. Valga de ejemplo el Estudio de Costes de Producción de Uva para la elaboración de Vinos elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia para la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), donde están representados tanto productores como industriales. Según este estudio, el coste medio de producción en España se cifra en 50 céntimos por kilo de uva, aunque asciende a los 60 céntimos en Navarra y la Rioja y a los 63 céntimos en Castilla y León.

Debemos precisar, además, que este estudio no tiene en cuenta las condiciones especiales derivadas de los protocolos de seguridad anti COVID que se han puesto en marcha de cara a la vendimia en todas las zonas productoras y que han supuesto un incremento considerable de los costes para el productor (empleo de EPIs, cuadrillas burbuja, incremento de vehículos para el transporte tanto de trabajadores como del producto, etc.). 

La situación de preocupación se ha tornado en indignación e impotencia entre los productores que se han visto obligados a comenzar paros en plena vendimia en algunas zonas de nuestro país.

ASAJA pide responsabilidad a todas las partes implicadas en las operaciones de compraventa. Por otra parte, el ministerio de Agricultura, las Comunidad Autónomas y la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) deben actuar con la máxima diligencia a la hora de velar por el cumplimiento de los contratos para que los precios de venta se sitúen por encima de “los costes efectivos de producción” como así lo recoge la última modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, aprobada en febrero de 2020.  

Así se evitarían, además, prácticas desleales por parte de algunas industrias como las que se están produciendo (en ocasiones se obliga al productor a firmar contratos que contienen precios por debajo de los costes de producción, pero se añade la coletilla “estos precios están por encima del coste de producción”). Desde ASAJA exigimos a la Administración que fije unos costes de producción de referencia para las distintas zonas productoras y se acabe así con este tipo de prácticas abusivas tan poco deseables y que abocan a los productores al colapso económico de su explotación.  

Tabla resumen costes viñedo estudio OIVE (por CCAA)

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