ASAJA quiere recordar una vez más al colectivo de mujeres rurales, un colectivo que tiene que sortear dificultades específicas para hallar su lugar en la sociedad del siglo XXI.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa, aproximadamente el 5 por ciento de las mujeres que trabajan en Castilla y León lo hacen en la agricultura y la ganadería. En total son unas 17.000, cifra que engloba tanto a aquellas que están dadas de alta en regímenes fiscales como el REASS o el RETA como a trabajadoras asalariadas agrícolas. A tenor de las estadísticas, dos de cada diez personas que trabajan en el campo de Castilla y León son mujeres, pero habría que puntualizar que muchas otras desempeñan tareas en el campo y no computan a efectos económicos, sino que se diluyen en una categoría imprecisa como es la de ayuda familiar. Esta invisibilidad legal “no garantiza derecho alguno, dejando a las mujeres desamparadas en caso de accidente o baja maternal”, denuncian ASAJA y AMFAR (Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural), que una vez más reivindican un estatuto de cónyuge colaborador para las mujeres, tal como el que existe en países como Francia, Austria, Finlandia o Suecia.
Además, ASAJA subraya las dificultades añadidas que encuentran las mujeres que residen en el medio rural. La igualdad de oportunidades es un reto en las ciudades y en los pueblos, pero en las localidades pequeñas aún es más complicado que se cumpla: primero, porque lograr un trabajo remunerado es casi un milagro para las mujeres, dada la escasa oferta existente, y segundo porque, de conseguirlo, compatibilizar la vida doméstica y la laboral es un logro titánico, por culpa de la deficiente red de servicios sanitarios y sociales (como guarderías, escuelas, etc). Y hay que sumar también los perjuicios que aún existen en torno a las tareas que han de desempeñar hombres y mujeres, sobre las que recae casi siempre el peso de la casa.
Por estos motivos, ASAJA pide apoyo para el colectivo de mujeres de los pueblos. Un apoyo que tiene que ser legal –a través de temas como el estatuto de cónyuge colaborador, más facilidades para las que deseen incorporarse al sector o poner en marcha empresas de transformación alimentaria, turismo rural y medioambiental, etc– y también social. “Para retener a las mujeres en el medio rural y evitar que se marchen a las ciudades es preciso que existan oportunidades laborales y una óptima red de servicios sociosanitarios y de ocio, sin duda, pero también es necesario un cambio de mentalidad que apueste por las mujeres y las permita realizarse”, concluye la organización.
