Estos días se conocen las resoluciones de las solicitudes a las ayudas a la retirada y sustitución de cubiertas con amianto de la última convocatoria 2026, y todo parece indicar que serán desechadas por falta de presupuesto la mayoría de las presentadas, entre ellas muchas de agricultores y ganaderos, puesto que la uralita fue un material común en las cubiertas de las explotaciones, hasta que se confirmó que era dañina para la salud y se prohibió.
Según la información que ha podido recabar ASAJA, al menos dos de cada tres de las solicitudes, cuyo plazo de presentación terminó el 13 de febrero, podrían quedar una vez más sin apoyo. Se da la circunstancia de que, para poder optar a la ayuda, el peticionario puede tener la inversión hecha previamente, puesto que se admiten las sustituciones de cubierta realizadas desde el 19 de agosto de 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Es decir, estos casos quedarán sin ayuda y sin posibilidad de pedirla en futuras convocatorias.
Por desgracia, no se trata de un problema puntual, sino recurrente desde que se inició esta línea de ayudas, que suma con ésta ya cinco convocatorias. “En todas ha habido problemas por falta de presupuesto y de planificación”, critica ASAJA. En la convocatoria 2026, al igual que en 2025, el presupuesto ha sido de 3 millones de euros, con el que se pueden atender unas 160 solicitudes. ASAJA advierte que, a este ritmo, difícilmente podrá cumplirse la normativa, que obliga a que este material sea eliminado de los centros de trabajo antes del año 2028.
De hecho, hace unos meses la propia Consejería de Industria, Comercio y Empleo, de la que depende el área de Prevención Laboral, anunciaba que se estaba elaborando un censo de instalaciones y emplazamientos que contienen amianto, con el fin de apoyar a los municipios de menos de 5.000 habitantes en el cumplimiento de la normativa dentro de los plazos establecidos y priorizando por el grado de peligrosidad. ASAJA considera que sería importante aportar transparencia sobre este asunto, para conocer los plazos de intervención y ajustar así el esfuerzo de los agricultores y ganaderos con el apoyo por parte de las administraciones, “y no como hasta ahora, que parece que estamos dando palos de ciego, cumplimentando solicitudes y asumiendo toda la inversión en la mayoría de los casos, cuando parece que de partida ya habíamos sido excluidos”.
